Cerco judicial al crimen organizado en la Costa del Sol: a juicio el acusado de acribillar a tiros a un hombre en el polígono Guadalhorce

El cuerpo sin vida de la víctima apareció en un descampado el 17 de marzo de 2019. Llevaba documentación falsa encima, pero los agentes pudieron identificarlo y comprobar que tenía antecedentes por tráfico de drogas, lo que hizo sospechar que un ajuste de cuentas estaría tras el crimen. Aunque el Ministerio Público también apunta al conflicto por sustancias estupefacientes como posible causa, precisa en su escrito de acusación -al que ha tenido acceso este periódico-, que no se ha podido esclarecer.

Si bien, en su relato mantiene que la víctima fue citada en la capital mediante engaño por los procesados, que decidieron supuestamente idear un plan para «acabar con su vida». Steve K. partió desde París un día antes de su muerte con el pasaporte de un ciudadano francés. Al aeropuerto de Málaga llegó a las 15.34, cogió un taxi hasta su alojamiento y después fue a una cafetería de calle Cuarteles, donde permaneció hasta última hora de la tarde.

No habían dado las ocho cuando volvió a coger un taxi que lo llevó al polígono Guadalhorce. Allí, los procesados llegaron a bordo de dos vehículos, que habían sido alquilados horas antes en Torremolinos. Steve se subió a uno de ellos, ajeno a lo que ocurriría, y los coches pusieron rumbo hacia la depuradora de EMASA, accediendo por el carril colindante a los terrenos de la empresa municipal, un lugar solitario.

Siempre según el relato de la Fiscalía, al bajar del coche, abrieron fuego contra la víctima por la espalda, «impidiendo de este modo cualquier tipo de defensa, con la intención de asegurar el resultado mortal y sin riesgo alguno para los autores». Hasta once balazos a corta distancia que le impactaron en la cabeza, el cuello y el tronco, y le ocasionaron la muerte allí mismo.

Los sospechosos entonces se dirigieron a Marbella, donde dejaron los vehículos. El 19 los otros procesados acudieron a recogerlos y llevarlos a un lavadero de San Pedro Alcántara para finalmente entregarlos en el 'rent a car'. Esta fue la pista que condujo a los investigadores hasta los individuos que podrían estar involucrados en los hechos y, solo 20 días después desde que se inició la investigación, los agentes lograron identificarlos. Seis meses después, los localizaron y detuvieron en Málaga y Francia, a pesar de su movilidad geográfica.

Aunque será un jurado popular el que dirimirá su responsabilidad en los hechos, la Fiscalía pide inicialmente para el presunto autor material del crimen 22 años de prisión que se desglosan de la siguiente manera: 19 por un delito de asesinato, un año y cinco meses por tenencia ilícita de arma de fuego, un año y medio por falsedad en documento oficial, y ocho meses por uso de documento de identidad auténtico por quien no es su titular.

Para el segundo procesado, el Ministerio Público solicita casi cuatro años de cárcel por encubrimiento y tenencia de arma prohibida; mientras que para el tercero y el cuerpo un año y diez meses solo por encubrimiento. Asimismo, en materia de responsabilidad civil, el fiscal mantiene que el presunto autor indemnice a los dos hijos de la víctima con 94.000 euros a cada uno.