La Audiencia de Málaga juzgará a 27 personas por supuestas irregularidades en gestiones ante la Agencia Tributaria

El caso se incoó en la Audiencia de Málaga en julio y está pendiente de fijar una fecha para el juicio. La causa ha sido instruida en el Juzgado de Instrucción número 1, que acordó la apertura de juicio oral contra 27 personas, ocho de ellas empleados públicos.

Dicho juzgado dictó un auto de apertura de juicio oral, consultado por Europa Press, tras solicitarlo la Fiscalía, que, según se precisa en esta resolución, acusa a los investigados de delitos de constitución y pertenencia organización criminal, cohecho, falsedad, prevaricación, revelación de secretos y blanqueo, según el caso.

Además de los ocho empleados públicos, que supuestamente se repartían las tareas según el departamento, los otros acusados son profesionales de gestorías, asesorías o empresarios que encargaban los trámites. Las investigaciones llevadas a cabo hasta ahora señalan que este grupo habría estado funcionando durante tres años, al parecer, dirigido por uno de los empleados.

La investigación desarrollada desde mediados de 2022 puso de manifiesto que presuntamente se ofrecía a gestorías y empresas llevar a cabo procedimientos supuestamente irregulares, tales como la tramitación de expedientes de contribuyentes para agilizarlos, quitar embargos o conceder aplazamientos, entre otras casuísticas.

La fiscal solicita en su escrito de acusación inicial que se imponga una pena de 32 años y medio de prisión para el supuesto cabecilla del grupo, al que acusa de los delitos de constitución de organización criminal, cohecho, falsedad, blanqueo, revelación de secretos y prevaricación.

Para el resto de acusados, el ministerio público solicita penas que van desde esos 32 años y medio de cárcel para el principal investigado y los cuatro años y medio por un delito de blanqueo que pide para una de las procesadas. En total, la solicitud de penas suma unos 380 años de prisión.

Según la investigación, estas personas supuestamente también llevaban a cabo la expedición de certificados tributarios y digitales sin cumplir requisitos establecidos, tales como la presencialidad; y otros falsos en los que, por ejemplo, se informaba de que ese contribuyente estaba al corriente de pago y sin deudas en Hacienda cuando en realidad no lo estaba.

El caso llegó a Málaga por una denuncia de la AEAT al detectar en Madrid un certificado de solvencia supuestamente falsificado que se había presentado para un trámite público. La Fiscalía de Delitos Económicos de Málaga inició una investigación que luego dio lugar a la causa. Inicialmente se estimó que habrían llegado a expedir cerca de un millar de documentos.

La operación policial se desarrolló en dos fases y llevó a la detención de los funcionarios de Hacienda y también de responsables de gestorías y asesorías, empresarios y autónomos; así como a la intervención de abundante documentación, que ha sido analizada por especialistas de la Policía Nacional y peritos de la AEAT, organismo que ha colaborado en la investigación desde que tuvo conocimiento de los hechos.