José Alberto Armijo afirma que siempre obedeció las recomendaciones de los técnicos en el caso del vertedero de Nerja

El fiscal, que pide dos años y de prisión para el regidor, una multa y 18 meses de inhabilitación, interrogó al principal sobre el origen de este vertedero a finales de los años 90, cuando éste ya era el alcalde de Nerja. Armijo reconoció que en 1998 autorizó la «descarga» de escombros con el principal objetivo de sellar la cantera, y siempre con un informe jurídico que lo autorizaba. «En aquel entonces esto no era un tema relevante», argumentó el regidor, que derivó parte de la responsabilidad de haber concentrado los escombros en este paraje en el entonces edil de Medio Ambiente, José Luis Pezzi, fallecido en 2006.

«El documento de autorización de 1998 lo elaboraron los servicios jurídicos y yo lo firmé», asumió Armijo, que reconoció que no siempre está al tanto de todo lo que le llega a su mesa. «Firmaba en muchas ocasiones documentos sin leerlos en base a la confianza en el letrado municipal», admitió. Preguntado por los expedientes abiertos por la Junta de Andalucía (que nunca acabaron en sanciones), el alcalde reiteró su argumento. «Yo le hago caso a mis servicios jurídicos, no a los de la administración autonómica», repitió, al tiempo que recordaba que la intención siempre fue «restaurar la cantera».

Durante su declaración, el máximo responsable municipal insistió en la idea de que su equipo de gobierno nunca promocionó el uso del vertedero, algo que sí ocurrió durante la legislatura del PSOE (2015-2019). «Aun así, el vertedero no constituía ningún tipo de problema político, social o medioambiental. De hecho los ecologistas estuvieron 'missing' muchos años», matizó.

Este juicio -que tendrá varias sesiones hasta bien entrado el mes de noviembre- comenzó con un intenso debate legal sobre las cuestiones previas, que se prolongaron durante casi dos horas y en las que se abordaron cuestiones como la prescripción, que fue desechada por el fiscal, que tuvo un fuerte enfrentamiento con uno de los letrados de los empresarios acusados del mismo delito.

Y es que además del alcalde de Nerja y de la concejala de Urbanismo, en este caso se juzga también a seis empresarios del sector de la construcción de la zona. Para todos ellos el fiscal pide una pena de dos años de cárcel y 18 meses de inhabilitación, así como el pago de multas de 7.300 y 18.250 euros, por un presunto delito contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Además de los ocho encausados, hay previstas las declaraciones de más de una veintena de testigos, entre los que hay ediles de la actual corporación, como la que fuera alcaldesa en la pasada legislatura, cuando saltó el caso, la socialista Rosa Arrabal; el edil del PSOE José María Rivas; o exconcejales como José Miguel Jimena, del PP, y Manuel Valero y Jorge Bravo, ambos de IU. También declararán como testigos técnicos municipales y de la Junta, agentes del Seprona y el exdelegado de Medio Ambiente de la Administración regional en Málaga y exalcalde de Periana, Adolfo Moreno. Varios de ellos estuvieron investigados en la fase de instrucción, pero finalmente el juzgado de Torrox entendió que en algunos casos no había responsabilidad penal y en otros había prescrito el presunto delito.

El vertedero del río de la Miel estuvo operativo entre junio de 1998 y septiembre de 2016. Fue autorizado por el Ayuntamiento tras la clausura de una antigua cantera de áridos, un año antes de declararse la protección del entorno como parque natural de las Sierras Tejeda, Almijara y Alhama. Durante esos 18 años, se vertieron en la zona más de 802.000 metros cúbicos de todo tipo de residuos, «desde podas, construcción, amianto, pinturas y otros materiales peligrosos e inflamables», dice el fiscal en su escrito de acusación.

Durante este tiempo la Junta de Andalucía abrió al menos cuatro expedientes sancionadores ordenando su cierre, que fueron declarados caducados y la instalación no se clausuró hasta que una orden de la Administración regional en septiembre de 2016. La situación del vertedero fue denunciada en varias ocasiones por IU, ecologistas y vecinos. Desde 2012 la Asociación de Empresas Gestoras de Residuos de la Construcción y Demolición de Andalucía (AGRECA), que se personó como acusación particular en el procedimiento judicial, remitió escritos a las administraciones alertando de una situación cuya responsabilidad está siendo ahora dirimida.