Fernando Puche alega estar enfermo y pide a la Audiencia que suspenda su ingreso en prisión

El caso por el que se ordena su ingreso en la cárcel es un asunto que data de octubre de 2019. Según se recoge en la sentencia, que fue dictada de conformidad con el empresario, los hechos que le llevaron a acabar condenado son una serie de operaciones patrimoniales que realizó para colocarse en una situación de insolvencia. La Sección Tercera de la Audiencia le impuso una pena de dos años de prisión, el deber de pagar una multa de 3.600 euros y de indemnizar, en concepto de responsabilidad civil, a la Hacienda Pública con 1.119.854 euros.

En la resolución judicial, los jueces de la Audiencia acordaron la suspensión de la pena de prisión impuesta, condicionado, entre otros aspectos, a abonar la citada indemnización. Lo que llevó a los magistrados de la Sección Tercera a dictar el auto en el que se ordenó por primera vez su ingreso en prisión está relacionado con este último apartado.

En el documento judicial se precisa que se estableció un calendario de pago para afrontar la indemnización, algo que se ha incumplido. Por ello, los magistrados señalaron que procedía revocar el beneficio de la suspensión de la ejecución de la pena prisión y emitieron un auto el pasado 13 de abril para que Puche ingresara voluntariamente en un centro penitenciario para cumplir con la pena de cárcel a la que fue condenado.

Sin embargo, la resolución no era firme y fue recurrida. Puche solicitó que se revocara la decisión de enviarlo a prisión en base a haber mostrado su compromiso de pagar la indemnización, efectuando ingresos mensuales acordes a su capacidad económica. Insistió en que no puede afrontar una cantidad mayor de los pagos.

Pero el pasado 28 de octubre los magistrados tumbaron el recurso del empresario malagueño y, de nuevo, ordenaron su ingreso en prisión. Al respecto, los magistrados explicaron que Puche conocía las condiciones del calendario de pago establecido para suspender su ingreso en prisión y que lo ha incumplido sin que haya acreditado un cambio «extraordinario» en su situación económica.

Pese a que este último auto es firme y no se puede recurrir, el empresario ha presentado en la Audiencia un escrito en el que solicita que se paralice su ingreso en prisión y la pena privativa de libertad, alegando el artículo 80.4 del código penal. Este se refiere a que los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.

Ahora tendrán que ser los representantes de la Fiscalía y de la Abogacía del Estado los que informen sobre su postura en relación a la solicitud hecha por Puche. Después serán los magistrados de la Sección Tercera los que tendrán la última palabra sobre este procedimiento, que podría alargarse en el tiempo al tener que ser valorado el empresario por médicos forenses si se acepta el trámite.