Estafan más de 4 millones a 50 personas en Málaga que confiaron sus ahorros en falsas inversiones inmobiliarias

La Policía Nacional tuvo conocimiento de los hechos a raíz de la denuncia interpuesta por el representante de una treintena de afectados, que exponía la supuesta estafa por parte de una sociedad limitada que se dedicaba a las inversiones inmobiliarias y a la intermediación financiera, y en la que los denunciantes habían invertido altas cantidades de dinero.

Los hechos se remontan al 2021. Si bien, fue en 2023 cuando los denunciados dejaron de cumplir con los pagos pactados y en 2024 cuando las víctimas advirtieron que nunca se efectuaron las inversiones en los fondos como habían firmado.

De esta manera, agentes del Grupo II de Delitos Económicos, en el marco de la denominada Operación 'Carnívoro', descubrieron que la trama contaba con la colaboración de dos intermediarios con conocimientos en materia fiscal e inversora, que hacían de asesores y garantes de las inversiones, llegando incluso a organizar reuniones en oficinas de entidades reales para reforzar la apariencia de solvencia.

Los intermediarios, han informado desde la Comisaría Provincial de Málaga, supuestamente inducían a las víctimas a invertir, además de lucrarse mediante comisiones paralelas y participar en el desvío irregular de los fondos -en ocasiones, con cobros en efectivo- y sin los correspondientes contratos. Así, según las averiguaciones policiales, se estima que el capital captado supere los dos millones de euros; del que, gran parte, fue gestionado fuera del circuito legal, sin trazabilidad ni control tributario.

Al parecer, el cerebro de la trama y principal responsable del fraude se trata de un varón que operaba con total discreción, llegando a ocultarse en un municipio del interior de la provincia para eludir la acción de la justicia. Asimismo, utilizó como vehículo de la actividad ilícita a su pareja en ese momento, una mujer que figuraba formalmente como administradora de la sociedad mercantil.

Los dos máximos responsables, una vez detenidos, fueron puestos a disposición judicial por su presunta responsabilidad en los delitos de estafa agravada, falsedad documental, apropiación indebida y blanqueo de capitales. La autoridad judicial decretó medidas cautelares sobre los bienes muebles e inmuebles vinculados a los investigados, así como bloqueos patrimoniales preventivos.