La empresa de criptomonedas en la que presuntamente invirtió el gerente de El Candado acumula más de 150 afectados

Como ayer avanzó SUR, El Candado ha detectado dos transferencias de 100.000 euros cada una realizadas supuestamente por el exgerente y que, a juicio de la junta directiva, no estarían justificadas en la actividad propia del club deportivo y social.

Al indagar en el destinatario de esos 200.000 euros, la auditoría forense encargada por El Candado, que aún está en curso, se ha topado con un número de cuenta cuya titularidad se desconoce y con unas iniciales que no corresponden con las de I. P. H.

A tenor de las averiguaciones realizadas por este diario, los 200.000 euros que han dejado un agujero en las cuentas del club habrían sido invertidos por el exgerente a través de un familiar -a priori, ajeno a la maniobra- en una agencia de intermediación en criptomonedas, Revena Capital S. L., que tiene su sede social en un polígono de Antequera.

La empresa operaba a través de su filial portuguesa, Revena Trading Capital Company. Según el letrado Carlos Aránguez, socio fundador de Aránguez Abogados, que representa a una plataforma con 152 afectados, las mercantiles actuaron con el modus operandi clásico de una estafa piramidal.

En la denuncia original, presentada en los juzgados de Antequera en julio de 2021, el abogado puso en conocimiento de las autoridades que Revena se presentaba como una plataforma de inversión dedicada al arbitraje en criptomonedas (comprar y vender criptoactivos), «pero en realidad no desarrollaba ningún tipo de actividad financiera, sino que se limitaban a abonar los intereses de los primeros inversores con el capital aportado por los siguientes», según reza en el documento.

Para hacerse una idea de montante millonario que puede alcanzar el caso, en esa primera denuncia, en la que sólo representaban a uno de los afectados, la cantidad invertida ascendía a 1.169.000 euros y los intereses que habrían dejado de percibir, porque Revena dejó de pagar las cantidades comprometidas, superarían los 700.000 euros.

De ese primer caso, la plataforma de afectados impulsada por el bufete Aránguez Abogados suma ya 152 víctimas de esta presunta macroestafa, que de Antequera saltó a Madrid. El caso de Revena está siendo investigado por el Juzgado Central de Instrucción número 1, con el apoyo del Grupo II de Fraude Financiero, el Equipo de Policía Judicial de Guardia Civil de Málaga y la Fiscalía de la Audiencia Nacional.

Paralelamente, la Fiscalía de Lisboa (Portugal) abrió otra investigación sobre la filial lusa de Revena y pidió a las autoridades españolas el secreto parcial de las actuaciones, dada la envergadura que había tomado el caso. El pasado julio, el Juzgado Central número 1 de Madrid acordó prorrogar el secreto sobre una parte de la investigación.

En el auto, al que ha tenido acceso SUR, se hace referencia a una reunión celebrada el pasado mes de marzo a través de Eurojust -mecanismo de coordinación judicial a escala europea- a la que asistieron los máximos responsables del caso en España y en Portugal.

Sin embargo, el detalle más significativo del auto es otro. El magistrado hace referencia a que en la causa judicial abierta se investigan las «vinculaciones» de Revena «con el entramado familiar del fallecido Biosca». Y ese no es un nombre cualquiera. Se trata de Javier Biosca, considerado el mayor estafador de España en inversiones en criptomonedas, que se suicidó en Estepona en noviembre de 2022.

Biosca fue detenido en junio de 2021 en Maro (Nerja), donde se había instalado a vivir hacía apenas un mes, después de que se cruzara de casualidad con un control rutinario de la Guardia Civil. Los agentes, al introducir sus datos en las aplicaciones informáticas, comprobaron que sobre él pesaba una orden de busca y captura.

La requisitoria había sido dictada por la Audiencia Nacional, hasta donde llegó la querella que presentó en primera instancia la abogada Emilia Zaballos en un juzgado gallego en representación de los primeros afectados. Cuando murió, Biosca estaba siendo investigado por estafar 818 millones de euros en bitcoins a un millar de inversores.