Juzgan a un acusado de hacerse pasar por sexóloga para obtener fotos íntimas de 41 menores en Tuenti
Se sienta desde hoy en el banquillo para enfrentarse a una petición de condena de 172 años de cárcel por varios delitos
Decía llamarse Noelia e ilustraba su perfil con imágenes de una menor en una pose simpática y unos caballos. Intentaba aparentar que no había «nada ... malicioso», dice el fiscal. Tras el escaparate angelical, un personaje perfectamente construido para engañar a niñas y adolescentes: una psicóloga-sexóloga veinteañera con la que charlar abiertamente de amores, relaciones... Las enseñaba a depilarse y también las incitaba a masturbarse. Más adelante, cual lobo feroz, convertía el cuento en pesadilla y, supuestamente, chantajeaba a las menores con difundir el contenido del chat en Tuenti si no le enviaran fotos y vídeos íntimos. Así, según la investigación, con 41 víctimas identificadas.
El acusado, un joven asturiano de 29 años, se sienta desde hoy en el banquillo para enfrentarse a una petición de condena a 172 años de cárcel que solicita para él la Fiscalía por delitos de coacciones y corrupciones de menores, pornografía infantil y descubrimiento y revelación de secretos.
El juicio, para el que se han previsto seis sesiones, se celebra en la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga. No en vano, la denuncia que destapó el caso, que acabó extendiéndose por el país, la presentó una adolescente (entonces tenía 14 años) que reside en la comarca de Antequera.
La Guardia Civil, que bautizó la investigación como 'operación Molling', informó en su día de que el sospechoso podía haber interactuado hasta con 1.000 menores –los investigadores analizaron más de 60.000 mensajes en la red social Tuenti–, aunque finalmente son 41 las víctimas identificadas en la causa.
Los hechos que desencadenaron su arresto sucedieron a las nueve de la noche del 27 de septiembre de 2013, cuando el joven, presuntamente haciéndose pasar por Noelia y «guiado por el ánimo libidinoso, contactó con la adolescente antequerana y, tras chatear un rato, le envió una foto íntima.
Después, le dijo que, si ella no hacía lo mismo rápidamente y le mandaba una imagen, comunicaría la conversación «subida de tono» que habían mantenido a todas sus amigas de Tuenti. La menor, avergonzada, obedeció. Pero luego se arrepintió y se lo contó a sus padres, que acto seguido acudieron a denunciar lo sucedido.
Los agentes se pusieron a indagar. Empezaron por llamar al teléfono del joven, quien tras resistirse a proporcionarles su identidad, afirmó tener 16 años, cuando entonces tenía 22, y dijo que residía en Avilés, pero en realidad vivía en la localidad asturiana de Castrillón.
Los investigadores rastrearon su identidad en Tuenti y localizaron el correo asociado a la misma, que resultó ser de un tercero ajeno a la trama. Al parecer, el acusado, mediante «mecanismos informáticos de acceso ilícito», averiguó su clave, la cambió y borró todo lo que esta persona tenía en su cuenta, que posteriormente usó para los hechos investigados «con la finalidad de evitar ser descubierto».
La Guardia Civil realizó un registro en el domicilio del joven en Castrillón en el que intervinieron un disco duro y un teléfono móvil, que al ser rastreados permitieron identificar a más víctimas, hasta un total de 41, si bien no todas accedieron a sus pretensiones. Las afectadas tenían entonces entre 10 y 17 años y residían en distintas provincias españolas, aunque la mayoría son de Asturias (14). En Málaga vivían dos de las menores afectadas, una en la comarca de Antequera y la otra, en la Axarquía.
Para la Fiscalía, los hechos descritos serían constitutivos de 41 delitos de coacciones (solicita la pena de tres años de cárcel por cada uno de ellos); de otros 41 delitos de corrupción de menores (pide un año por cada una de las víctimas); de un delito de producción de pornografía infantil (cinco años); y de un delito de revelación de secretos (tres años).
El representante del Ministerio Público advierte en su escrito de que, en aplicación del artículo 76 del Código Penal, el joven no podrá ser condenado a más del triple de la mayor de las penas de los delitos en que hubiera incurrido, por lo que en este caso se fija el límite máximo de cumplimiento en 15 años de cárcel.
No obstante, el fiscal pide que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran a la totalidad de las penas impuestas en la sentencia, y no al periodo máximo de cumplimiento (15 años).
También pide se le imponga una inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido, que conlleve contacto regular y directo con menores durante 15 años, así como la prohibición de acercarse o comunicarse con las víctimas durante 10 años, mismo periodo en que, solicita, estaría en libertad vigilada.
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