La UE quiere un cargador universal obligatorio USB-C para todos los dispositivos electrónicos portátiles

En una propuesta que deben aprobar primero el Consejo y la Eurocámara para ser realidad, el Ejecutivo comunitario plantea asimismo que los dispositivos en el mercado europeo no incluyan por defecto un nuevo cargador sino que ambos elementos se vendan por separado.

Bruselas defiende que de este modo los consumidores podrán utilizar más cómodamente sus dispositivos porque reducirán el número de cables acumulados y además se reducirá la huella ecológica derivada de la fabricación de los cargadores y de su posterior destrucción cuando ya no son útiles.

Además de imponer la tecnología USB-C, la Comisión aboga por la armonización de la tecnología de carga rápida para evitar que los distintos fabricantes limiten injustificadamente la velocidad de carga, con lo que el usuario tendrá garantizada la misma velocidad sin importar el cargador utilizado.

También se exigirá a los fabricantes facilitar información útil sobre el rendimiento de carga, incluida información sobre la potencia requerida por el dispositivo, y si admite carga rápida. Esto facilitará que los consumidores comprueben si los cargadores que ya tienen cumplen los requisitos de su nuevo dispositivo.

En la defensa de la propuesta, la Comisión asegura que la supresión de cargadores innecesarios y la armonización de los puertos de carga y de carga rápida de los dispositivos en la UE se traducirá a largo plazo en un ahorro de 250 millones de euros anuales para los consumidores.

Para facilitar al sector su adaptación a las nuevas normas, Bruselas ha pedido que una vez el Consejo y el Parlamento europeo negocien los detalles técnicos del proyecto y den su visto bueno se prevea un periodo de transición de 24 meses para que los fabricantes puedan adaptarse a las nuevas reglas.

Según datos de los servicios comunitarios, solo en 2020 se vendieron 420 millones de teléfonos móviles y otros dispositivos electrónicos portátiles en la UE pero el número de cargadores sueltos comercializados asciende a unos 2.400 millones de euros. Además, calculan que los cargadores eliminados y no utilizados representan 11 000 toneladas anuales de residuos electrónicos.