Sanidad presentará antes de final de año el protocolo que creará el registro de médicos objetores al aborto

García ha enfatizado que el protocolo, que establecerá las bases para que las comunidades desarrollen sus registros de objetores de manera homogénea y coordinada, garantizará el cumplimiento de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo y acabará con las «excusas y los vacíos legales», según subraya el Ministerio. La Rioja, Murcia, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Canarias ya han elaborado un registro o lo están preparando.

«El derecho al aborto no tiene vuelta atrás y debe consagrarse en la sanidad pública», ha asegurado García, que considera que existe una «ofensiva reaccionaria internacional» que ha puesto en la diana la interrupción voluntaria del embarazo. «No se puede consentir que la lucha política se dé sobre el cuerpo y la vida de las mujeres», ha reiterado.

La creación de este registro de objetores es una de las exigencias de la Ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, elaborada por el Ministerio de Igualdad que dirigía Irene Montero y aprobada en marzo de 2023. La ley señala que en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud se acordará un protocolo específico para la creación del registro. Montero justificó la regulación de la objeción de conciencia en la garantía del derecho constitucional al aborto. «Una vez que sepamos quién es ese personal sanitario, tanto en la privada como en la pública, que objeta a la hora de realizar interrupciones voluntarias del embarazo, cada centro hospitalario y cada comunidad autónoma tendrá que garantizar que hay siempre personal disponible para practicarlas», argumentó la exministra.

Para intentar evitar que los objetores se vieran señalados, el texto de la ley añade que «se adoptarán las medidas organizativas necesarias para garantizar la no discriminación tanto de las personas profesionales sanitarias no objetoras, evitando que se vean relegadas en exclusiva a la práctica de la interrupción voluntaria del embarazo, como de las personas objetoras para evitar que sufran cualquier discriminación derivada de la objeción».

Sin embargo, cuando se aprobó la ley, asociaciones de médicos como la Organización Médica Colegial subrayaron que el registro «aporta muy poco» y pidieron que fuera al revés, que se creara un registro de los médicos que sí están dispuestos a realizar abortos.

El empujón de la ministra al registro de objetores coincide con la publicación de los últimos datos de aborto en España. En 2023 se realizaron 103.097 interrupciones voluntarias del embarazo, un 4,8% más que en 2022, cuando se llevaron a cabo 98.316, y por primera vez en la última década por encima de las 100.000 (desde 2013, con 108.690, no se superaba esa barrera).

El incremento de las interrupciones del embarazo fue en paralelo con la nueva ley, que introdujo novedades, como que las adolescentes a partir de 16 años no necesitaran el consentimiento de sus padres o de sus representantes legales y que el aborto estuviera garantizado en un centro público.