¿Será obligatorio vacunarse contra la Covid-19 en España? Fernando Simón tiene la respuesta
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias explica en un programa de televisión cuál es su postura en este asunto controvertido
El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias (CCAES), Fernando Simón, espera que la vacuna contra la COVID-19 «no ... tenga que ser obligatoria» en España. El doctor ha asegurado en el nuevo programa 'Las cosas claras', de TVE, que las vacunas actualmente en nuestro país no son obligatorias y, sin embargo, tiene una de las mejores coberturas de vacunación de Europa y del mundo. «Es verdad que en algunos países han tenido que hacerlas obligatorias para conseguir coberturas similares a las nuestras, pero en España nunca ha hecho falta. Dicho eso, el mundo evoluciona y ahora mismo hay algunos grupos que pueden estar más o menos a favor o en contra de la vacuna», ha asegurado. No obstante, Simón ha defendido que en España «somos una población muy consciente y muy consecuente de los riesgos a los que nos exponemos unos y otros, y de los beneficios tanto individuales como poblacionales que nos pueden aportar las vacunas» ha explica. «No sé si va a ser necesario hacerla obligatoria, pero yo espero que no lo sea. Es más, no creo que el hecho de hacerla obligatoria vaya a mejorar esas coberturas.
El debate está servido, porque frente a la reticencia inicial que puede haber por una parte de la población está, por otra parte, salvaguardar la salud pública. Según el barómetro especial de octubre 2020 del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), casi un 44% de los españoles no estarían dispuestos a vacunarse inmediatamente. Sin embargo, los expertos confían en que este porcentaje descienda significativamente según se vayan produciendo las primeras vacunaciones y se ponga de manifiesto la eficacia y la seguridad de los nuevos fármacos.
Desde un punto de vista legal, el asunto es controvertido, ya que puede haber una colisión de dos derechos, el derecho a la protección de la salud y el derecho a la intimidad y privacidad. ¿Cuál prevalece? ¿Qué herramientas legales hay para asegurar la inmunidad de rebaño, necesaria para impedir que el virus circule libremente? En los últimos días, coincidiendo con los anuncios de Pfizer/BioNTech y la farmacéutica Moderna, se ha repetido con mayor intensidad la pregunta de si existe base legal para obligar a la población española a vacunarse.
La Ley de Bases de Sanidad Nacional de 1944 y la Ley Orgánica 3/1986 de medidas especiales en materia de salud pública dan cobertura a una posible vacunación obligatoria contra la COVID-19, aunque algunos expertos ya se han mostrado partidarios de introducir nuevos instrumentos para hacer más efectivo el cumplimiento. No obstante, otros coinciden en advertir que la vía impositiva de las vacunas, aunque posible desde el punto de vista legal, no sería la más aconsejable, puesto que podría causar el efecto contrario al que se busca.
En España, el título primero de la Constitución recoge el derecho a la vida y a la integridad física (artículo 15) y en el artículo 43 se desarrolla que compete a los poderes públicos organizar y tutelar la salud pública a través de medidas preventivas y de las prestaciones y servicios necesarios.
La ley 22/1980 prevé que las vacunas contra la viruela, difteria y otras infecciones podrán ser declaradas obligatorias por el Gobierno «cuando por la existencia de casos repetitivos de estas enfermedades o el estado epidémico del momento o previsible se juzgue conveniente». En este sentido, el abogado experto en temas de salud y profesor de la Universitat Oberta de Cataluña (UOC), José Enrique Pérez Palaci, en declaraciones realizadas a ABC, ha asegurado que «por analogía» se podría asimismo declarar obligatoria la vacuna para la pandemia de coronavirus. «Si bien la ley de 2002 sobre autonomía del paciente apunta a que la persona afectada puede aceptar o rechazar algunas terapias, ese derecho a decidir tiene algunas excepciones, principalmente el riesgo a la salud pública», ha recalcado.
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