Las principales ONG demandan al Gobierno por falta de ambición contra el cambio climático

El litigio tiene su origen en una reclamación formal presentada al Gobierno que no tuvo respuesta, en la que acusaban a la Administración General del Estado de «inactividad climática» y exigía la «adopción de las medidas pertinentes para cumplir las obligaciones históricas y ambientales del Estado español». Ante el silencio, que se sumaba a que la sociedad civil no había participado lo suficiente en la confección de los planes del Ministerio de Transición Ecológica, las tres organizaciones acudieron ayer a la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo, para interponer el recurso.

Aunque la política ambiental involucra a varias administraciones y empresas, «quien tiene que fijar las reglas de juego es el Gobierno Central y la demanda va encaminada a que lo haga», señala Paco Segura, coordinador de Ecologistas en Acción. España se comprometió a implementar políticas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 55% (mínimo) para 2030, pero el objetivo establecido por el Ministerio de Transición Ecológica es de 23%, sostienen las ONG, «muy por debajo del referido compromiso internacional».

«Los Gobiernos somos particularmente responsables de transformar nuestro modelo de desarrollo, progreso y consumo pero hay un pequeño error», responde la vicepresidenta Ribera al conocer la acción de las ONG. «El Plan Nacional Integral de Energía y Clima ya está aprobado y remitido a Bruselas, y ya es proyecto de ley, está en tramitación parlamentaria. Y el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático es definitivo». La responsable de Transición Ecológica asegura que «es normal que los ciudadanos pidan más acción en materia del clima» pero se requiere el «compromiso por parte de todos los grupos parlamentarios. No es tolerable que haya representantes al frente de instituciones que nieguen la ciencia y la realidad del cambio climático y se burlen del sufrimiento de las próximas generaciones».

Es la primera vez que se presenta una acción judicial por razones climáticas contra el Gobierno español, y paradójicamente enfrenta a dos grandes sectores que proclaman la defensa planeta, al menos en su retórica. Para las ONG la lentitud gubernamental tendrá «efectos devastadores». «Para evitar un cambio climático devastador sólo hay una vía: reducir drástica y rápidamente las emisiones de CO2 y acelerar la transición ecológica», dice Mario Rodríguez, director de Greenpeace, que sin embargo reconoce que «los ecologistas estamos acostumbrados a que no se cumplan las sentencias».

«Estas demandas son novedosas», mantiene Lorena Ruiz-Huerta, abogada de Greenpeace, que reconoce que los plazos de los procedimientos judiciales son «dilatados», y «una sola vez el Tribunal Supremo ha obligado a España a cumplir un acuerdo europeo. Pero ahora debe obligarle a cumplir con la reducción de emisiones».

El Gobierno, no obstante, tiene margen para esquivar el litigio, reconocen. Sánchez podría aprobar una «estrategia a largo plazo» para la reducción de emisiones, que a juicio de las ONG no tiene ahora. «Podríamos quedarnos sin objeto de la demanda, pero no del todo, porque también denunciamos el incumplimiento del Acuerdo de París», insiste Ruiz-Huerta. «No superar el grado y medio del calentamiento global es un objetivo vinculante. El Gobierno está obligado a implementar todas las políticas para lograrlo y luchar de manera efectiva contra el cambio climático».

Los altos tribunales europeos son el nuevo campo de batalla de la sociedad civil contra sus dirigentes por motivos climáticos. Acciones judiciales similares están en proceso en Alemania, Francia y Bélgica, y en Holanda el Supremo ha condenado al Gobierno por «incumplir los compromisos previamente adquiridos en relación con la mitigación climática, violando con ello los derechos fundamentales de las generaciones presentes y futuras», como el derecho a la vida, la salud, el acceso alimentos y agua, recuerdan las ONG que han traído esta forma de lucha a España.

Específicamente, las ONG acusan a Sánchez y sus ministros de no haber aprobado un Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) ni una Estrategia a Largo Plazo (ELP), que debían estar listos el pasado mes de diciembre, con lo que desoye las recomendaciones científicas del Panel Intergubernamental del Cambio Climático de Naciones Unidas (IPCC).

Durante el litigio, de ser admitido, las ONG esperan demostrar que el Gobierno «ha desprotegido los derechos fundamentales a la salud y la vida de la ciudadanía, que necesitan de un medio ambiente adecuado para poder disfrutarse plenamente», dirimen. «En España, las personas más vulnerables son a la vez las que menos contaminan y las que menos recursos tienen para adaptarse y para mitigar las consecuencias del cambio climático», explica Franc Cortada, director de Oxfam Intermón. «Es importante que cualquier proceso de transformación ecológica en nuestro país tenga mecanismos para defender a estas personas».