Judicaturas, empresas y agentes sociales abordan la prevención en los delitos entre los jóvenes

El I Congreso Internacional de Prevención en Justicia dirigido a Jóvenes y adolescentes ha reunido a importantes exponentes del mundo de la judicatura. A ellos han acompañado representantes del Consejo de Estado en Educación, jóvenes influencers, del mundo de las finanzas (representando por Caixa Bank y Cajasol), Renfe, con profesionales del mundo de la psicología como Javier Urra e Isabel Rojas, y el mundo de la empresa privada. Una inicitiava promovida por La Caixa, Cajasol y General de Galerías, propietaria de La Cañada Shopping. Estuvo presidido por el Tribunal Superior de Justica de Madrid (TSJM), Celso Rodríguez.

Encima de la mesa, la necesidad de prevenir antes que sancionar utilizando la formación a jóvenes y dando herramientas y competencia para la vida. Una iniciativa de una empresa granadina (Founder SOIFI4E) cuya ceo es Begoña Álvarez, quien fue consejera de Justicia en la Junta de Andalucía y que detectó la necesidad de cubrir esta formación que con este congreso y la ayuda de empresas muy comprometidas como La Caixa y General de Galerías, que apuestan por educar para prevenir. Una cita que ha contado con figuras del mundo de la judicatura de la talla de Eunisis Vásquez Acosta, magistrada del Tribunal Constitucional de República Dominicana.

Sobre la mesa, la forma de abordar las lacras que azotan cada vez con más fuerza la sociedad: la violencia de género, la xenofobia y discriminación en el deporte, el acoso escolar, la ciberdelincuencia, el abuso de la inteligencia artificial para cometer delitos y tantas otras formas de violencia y discriminación que afectan fundamentalmente a las menores y los menores y a la juventud, que son los colectivos más vulnerables y que tal y como nos señala la Unión Europea son un colectivo en riesgo de exclusión social.

El Primer Congreso Internacional de Impacto Social sobre prevención, educación y justicia tiene el foco puesto en la protección de los menores y los jóvenes. Su objetivo es implicar a todos los actores sociales: instituciones educativas, fundaciones, empresas públicas y privadas y fondos de inversión en el cumplimiento de los objetivos sociales de la ONU y la Unión Europea.

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