El presunto asesino del niño de Mocejón tenía «un mínimo plan preconcebido»

En el auto de prisión, según informa ABC, el juez encargado de la instrucción afirma que el principal acusado urdió «un mínimo plan preconcebido» para asestar «12 puñaladas» al menor de 11 años que falleció en el acto en las instalaciones deportivas del Ángel Tardío de Mocejón. «Existen indicios suficientes» para creer que J. C. P. es el «responsable» del asesinato, añade el texto judicial.

Las pruebas se basan en las dos cámaras que registraron al detenido en las inmediaciones del polideportivo mocejonero. La primera de ellas, situada en la residencia de un vecino, captó como J. C. P. subía por el Paseo de los Molinos, la calle del pueblo que desemboca en el Ángel Tardío, en la mañana del domingo 18 de agosto. Instantes más tarde, un dispositivo municipal registró cómo el sospechoso volvía a las calles del pueblo.

En el atestado se aportan las imágenes y se acompañan del relato de los menores que estaban con el pequeño Mateo en el momento del asesinato. «La ropa que llevaba el autor (...) en un itinerario y horario absolutamente compatible con acudir y marcharse del campo de fútbol en los momentos en que se causó la muerte». Una conclusión que se apoya en la declaración de los menores que visionaron las imágenes. «Reconocen a J. C. P.», destaca el texto de la investigación.

Además, aporta el posible recorrido realizado por J. C. P. tras el supuesto asesinato. Un trayecto que finaliza en, cree la Guardia Civil, la casa de la abuela paterna, en la calle Juan XXIII. Allí, tras la autorización judicial, los agentes de la Benemérita encontraron la ropa, que previamente registraron las cámaras de seguridad, en la lavadora. «A la espera de los resultados, fue señalada por un perro adiestrado en la localización de restos biológicos humanos».

En el auto, el juez recoge que el detenido, tras ser interrogado en casa del padre en la tarde del lunes, «declaró espontáneamente» -señala ABC- «que fue él, que fue una copia de él y que el cuchillo lo tiró al río».

Un relato que no repitió en horas posteriores ni tampoco en sede judicial, donde el joven de 20 años siguió las recomendaciones de su abogada, del turno de oficio, que le recomendó no declarar. La defensa señaló la «no validez del reconocimiento» y de las pruebas recopiladas hasta la fecha.

Sin embargo, el magistrado del Juzgado de Instrucción Número 3 de Toledo decidió el ingreso en prisión para «evitar que reincida». «Es un delito de la máxima gravedad, que ha ocasionado el fallecimiento de un niño de 11 años, lo que de por sí supone ya una muestra inequívoca de peligrosidad», destaca en el texto.

El juez ratifica en su escrito que el investigado tiene una discapacidad psíquica, concretamente, «retraso mental moderado» congénito y «trastorno del desarrollo por autismo», según el auto. Por ello, durante su declaración en sede judicial, J. C. P. contó con la ayuda de una facilitadora para que «pudiera entender y ser entendido». Además, el juez considera que «no existen datos inequívocos de una inimputabilidad», por lo que «no cabe declarar ahora la eximente completa».

Apunta asimismo que no hay «informe alguno que acredite» que los hechos «fueron cometidos a causa de una descompensación de la discapacidad psíquica que justificara su internamiento urgente». «Más al contrario; examinado por los médicos forenses, no se advirtieron, desde la perspectiva estrictamente médica, motivos que determinasen su urgente e inmediato internamiento psiquiátrico».

Con todos estos indicios y «por el elevado riesgo de cometer un nuevo hecho delictivo», el juez dictaminó prisión provisional sin fianza para el principal acusado.