Necesitamos datos y transparencia para el debate sobre la eutanasia

Para acceder a estas prestaciones, la norma establece como condición que los pacientes las soliciten libre y reiteradamente, en pleno uso de sus facultades, tras recibir información suficiente y haber discutido las alternativas de tratamiento y cuidados paliativos.

Además, la ley prevé una serie de garantías para que cada ayuda a morir se lleve a cabo con control y supervisión, y que los médicos y demás profesionales sanitarios directamente implicados puedan objetar a realizarlas por razones de conciencia.

España se suma así a una lista creciente de países que han dado pasos legislativos similares: Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y Colombia han despenalizado la eutanasia o el suicidio médicamente asistido, mientras que Suiza, varios estados de Estados Unidos y el Estado de Victoria en Australia han legalizado el suicidio asistido.

La ley está pensada para que se respete la autonomía de quienes experimentan un sufrimiento físico o psíquico insoportable por encontrarse en una situación de padecimiento grave, crónico e imposibilitante, o por sufrir una enfermedad grave e incurable.

Sin embargo, relativiza el valor absoluto de la vida humana y constituye un reto para la deontología médica que, si bien ha prohibido tradicionalmente provocar la muerte de manera intencionada, no puede castigar los actos médicos que cumplen la legalidad.

Buena parte de los desacuerdos acerca de la eutanasia se refiere a los efectos hipotéticos de la ley, a las circunstancias en las que se encuentran las personas que solicitan ayuda para morir y a las condiciones en las que se prestaría esa ayuda. Las discrepancias de este tipo no se deben a cuestiones fundamentalmente ideológicas o de principios, de modo que podrían disolverse con información detallada sobre cómo se muere en España.

Por ejemplo, hay quienes sostienen que la eutanasia se solicita por falta de cuidados paliativos; otros piensan que la ley garantizará que se respeten los requisitos de acceso a la prestación. En ausencia de estudios empíricos que las confirmen o desmientan, tales afirmaciones reflejan solo la opinión de quienes las enuncian, por mucho que se trate de personas expertas o investidas de autoridad.

Disponer de datos actualizados y fiables sobre las prácticas de final de la vida –incluida la eutanasia y el suicidio médicamente asistido– posibilita un debate riguroso, que evite afirmaciones cuya verdad o falsedad están aún por demostrar.

Mientras no se puedan corroborar tales opiniones, corresponde abstenerse de presentar como hechos lo que en realidad son creencias o especulaciones. Reducir la complejidad del final de la vida a eslóganes y simplificaciones no solo constituye una falta de respeto a la inteligencia, sino también una irresponsabilidad: está en juego comprender las implicaciones de la ley, sus usos y posibles abusos.

Cada año aparecen en los medios casos aislados de eutanasias o suicidios asistidos realizados al margen de la legalidad y situaciones en las que se acusa a profesionales de haber practicado eutanasias que en realidad no son tales.

Lo cierto es que ni siquiera se conoce la frecuencia de estas prácticas ni las circunstancias en las que se producen en la actualidad. Aun así, hay quien se aventura a pronosticar las consecuencias –catastróficas para algunos, para otros esperanzadoras– de aplicar la nueva ley.

Los datos sobre las condiciones y circunstancias de la atención al final de la vida deberán ser públicos en aras de la transparencia y la rendición de cuentas. Es así como se introduce rigor en la discusión pública y la propia práctica. Las instituciones responsables deberán facilitar el seguimiento y evaluación de la ley mediante estudios similares a los que otros países llevan realizando desde hace varias décadas.

¿Cuántas solicitudes de eutanasia o suicidio médicamente asistido se recibirán? ¿Cuántas de esas peticiones acabarán siendo atendidas y cuántas denegadas? ¿En qué circunstancias sociales y de salud se encuentran las personas que solicitan esas ayudas? ¿Qué eficacia tienen los mecanismos de garantía y supervisión contemplados en la ley? Sin información detallada sobre estos aspectos es imposible prever y evaluar los efectos del cambio legislativo en las prácticas sanitarias y su impacto en valores esenciales, como la seguridad o la confianza en la relación clínica y las instituciones.

Si realmente aspiramos a algo más que a alimentar nuestra confusión y la división estéril entre posturas aparentemente antagónicas, el debate social sobre la ley debe cumplir unos requisitos mínimos de claridad y compromiso con la verdad. Por un lado, es esencial un esfuerzo de precisión conceptual, pues una proporción elevada de la sociedad, incluidos los profesionales sanitarios, no siempre identifica correctamente los diferentes escenarios de atención al final de la vida y su estatus legal en España.

Como en otros países, es necesario distinguir la eutanasia de ciertas prácticas que ya eran legales, como la sedación terminal o la adecuación de los tratamientos de soporte vital, y de otras que seguirán siendo ilegales, como las muertes médicamente asistidas sin petición expresa por parte del paciente.

Una ciudadanía crítica debería estar en condiciones de justificar sus propios posicionamientos, sean estos contrarios o favorables a la ley reguladora de la eutanasia. Los datos y la transparencia son un antídoto contra el adoctrinamiento y la manipulación. Los necesitamos como agua de mayo si queremos arrojar luz al debate sobre la muerte médicamente asistida en España.

Este artículo, que también ha sido elaborado por Jon Rueda Etxebarria (La Caixa INPhINIT Fellow y doctorando en filosofía, Universidad de Granada, Universidad de Granada) y Miguel Melguizo Jiménez (Médico de Familia. Departamento de Medicina. Universidad de Granada, Universidad de Granada), ha sido publicado en 'The Conversation'.