¿Es hora de decir sí a la energía nuclear?

Con el desmantelamiento de la central José Cabrera (Zorita) y el cese definitivo decretado en 2017 para Santa María de Garoña, la potencia instalada de los siete reactores operativos actualmente es de 7 124 MW. El Gobierno y los propietarios de las centrales han acordado un cierre escalonado que culminará en 2035.

Según lo anterior, la energía nuclear despierta desconfianza en España. Sin embargo, el Centro Común de Investigación europeo ha concluido que «no hay evidencia basada en la ciencia de que la energía nuclear cause más daño al ser humano o al medioambiente que otras tecnologías de producción eléctricas ya incluidas en la taxonomía europea como actividades que contribuyen a la mitigación del cambio climático». Esto habilita la inclusión de la energía nuclear en un catálogo para que pueda beneficiarse de financiación preferente al reconocerse que es una medida eficaz de lucha contra el cambio climático que no presenta más riesgos que otras tecnologías ya incluidas.

En ocasiones se plantea que el consumo de agua para refrigeración hace inviable la tecnología nuclear en España. Ciertamente, una nuclear requiere disipar calor, como cualquier central térmica.

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Sin embargo, no es difícil demostrar que una central típica de 1 000 MW requiere para su refrigeración menos del 7,5 % del caudal del río Manzanares (un afluente del Jarama, que a su vez lo es del Tajo).

Respecto a la economía, los críticos apuntan a dos aspectos. Por un lado, que las nuevas centrales de generación III presentan unos elevados costes debido a las ingentes inversiones en seguridad. Así, la consultora internacional Lazard sitúa el coste entre 131 y 204 $/MWh (entre 119 y 186 €/MWh), mientras que la eléctrica francesa EDF lo estima entre 60 y 70 €/MWh, acorde con la Agencia Internacional de la Energía.

Como expliqué en su momento, estos desajustes se deben a que Lazard ha tomado tan solo un 70 % de las horas del año para las horas de operación anuales (en España en 2020 fue de 85 %) y, además, ha hecho el cálculo para 40 años de vida en lugar de 60, como correspondería a una nueva central.

Por otro lado, también se critica la viabilidad económica por la adquisición del combustible, pese a que supone solo un 9,4 % del coste total.

Respecto a la seguridad en el suministro, las reservas identificadas de uranio están muy diversificadas: el 89 % se distribuye entre 14 países, repartiéndose el 11 % restante entre aún más. Como las recargas se hacen cada uno o dos años, la compra se puede programar evitando coyunturas. Se puede, además, concentrar la compra para varias recargas, dado el reducido volumen del combustible.

Relacionado con el combustible, está su gestión una vez usado (los denominados residuos radioactivos). Dicho combustible se puede gestionar en ciclo abierto (todo el combustible gastado se considera residuo) o cerrado (se reprocesa para reciclar combustible).

El ciclo cerrado es hoy día más caro que el abierto, si bien permite reducir en más del 80 % el volumen de residuos a almacenar.

Es importante entender que el coste de generación de las centrales internaliza totalmente la gestión de los residuos (13,1 €/MWh en España). Además, dichos residuos están muy concentrados, con 10 000 m³ para las centrales españolas, que viene a ser una altura de menos de 1,5 metros sobre un campo de fútbol.

Ese pequeño volumen facilita la gestión de los residuos. Durante la vida útil de la central, se guardan en ella en la piscina de combustible para que se enfríen. Después, se pueden llevar temporalmente a un almacén en la propia instalación (ATI) o centralizado (ATC). Allí pueden permanecer hasta 100 años en contenedores normalizados a la intemperie o en una nave convencional.

Finalmente, los residuos se enviarán a un almacenamiento definitivo, conocido como almacenamiento geológico profundo (AGP) como el que se está construyendo en Finlandia y está previsto en otros países.

En el AGP, los residuos van perdiendo radioactividad hasta alcanzar los niveles existentes en la naturaleza, un proceso que dura unos 25 000 años. Estos almacenamientos definitivos se diseñan en formaciones geológicas estables a centenares de metros de profundidad para que puedan permanecer seguros durante centenares de miles de años, con medidas de seguridad pasiva y sin intervención humana.

En cuanto a la seguridad en la operación de las centrales, ha habido tres accidentes importantes a lo largo de la historia: Three Mile Island (1979), Chernobyl (1986) y Fukushima (2011).

En el primero se produjeron problemas en la refrigeración y se detectaron algunos errores en los protocolos que fueron subsanados en adelante. En cuanto a Chernobyl, se produjo en un reactor RBMK, de diseño muy alejado de los de agua ligera occidentales. Eso provocó que el sistema se volviese inestable durante la realización de un ensayo que pretendía mejorar la seguridad.

Finalmente, en Fukushima el accidente fue provocado por una catástrofe natural ante la imprevisión de dejar los grupos electrógenos de emergencia encargados de asegurar la refrigeración de la central en una zona con protección convencional. Pese a ello, las emisiones fueron la décima parte que en Chernobyl y no hubo efectos en el público ni en los profesionales expuestos.

Si a los argumentos anteriores unimos que, según un reciente informe de la ONU, la energía nuclear es de las tecnologías de generación con menores emisiones de CO2 en todo su ciclo de vida, no se puede más que concluir que para hacer frente a nuestros compromisos climáticos se debería prolongar la vida útil de las centrales nucleares, bajo la estricta vigilancia del organismo regulador, aprovechando además los emplazamientos actuales para construir reactores modulares pequeños (SMR) con tiempos de ejecución menores de cinco años y una mayor eficiencia del ciclo de combustible si son de generación IV.

El problema energético no se puede resolver con una sola medida. La energía nuclear ha de formar parte del catálogo de soluciones al ser segura, producir residuos controlados, identificados y gestionables y ser viable económicamente.

Este artículo ha sido publicado en 'The Conversation'