El Open Arms aguarda destino ante la indiferencia de los gobiernos europeos

Las condiciones de los 121 migrantes a bordo del buque Open Armas se complican cinco días después de haber sido rescatados en aguas del Mediterráneo. El barco, que se encuentra frente a la costa de la isla italiana de Lampedusa, aguarda que se le permita el desembarco en un puerto seguro de la UE mientras que los países miembros y las instituciones comunitarias se echan la pelota los unos a los tejados de los otros.

Lo que parece seguro es que el Open Arms no encontrará refugio en el país transalpino, más aún después de que el Gobierno de Roma, controlado por el Movimiento 5 Estrellas y la Liga Norte, acabe de sacar adelante un decreto que impone multas de hasta un millón de euros las ONG que, como podría intentar el Open Arms, entren en sus aguas territoriales.

España también se ha visto involucrada en la operación. El Gobierno de Pedro Sánchez acogió hace un año a los más de 600 migrantes del Aquarius pero ahora insiste en que los rescatados deben ser llevados a los puertos seguros más cercanos, que en el caso de Líbia son los de Italia y Malta.

La ministra portavoz, Isabel Celaá, instó este martes a Bruselas a tomar cartas en el asunto. «Queremos que la política migratoria sea responsabilidad y la sienta la UE como propia», señaló. El titular de Fomento, José Luis Ábalos, ya afirmó el lunes que «no se puede dar la imagen de que España sea el único puerto seguro». A la espera de que el Gobierno mueva ficha, los ejecutivos de la Comunidad Valenciana y Cataluña se han ofrecido para recibir al Open Arms. El País Vasco también se ha ofrecido para acoger a parte de los rescatados.

Mientras los políticos deciden sobre su destino, los migrantes intentan a bordo del buque de la ONG de pasar las horas de la mejor forma posible. Muchos de ellos, especialmente algunas de las mujeres, tratan también de recuperarse física y mentalmente de las torturas y violaciones sufridas en Libia.

El Open Arms, de bandera española, partió del puerto de Barcelona el pasado abril bajo el compromiso de no efectuar tareas de rescate frente a las costas libias. Ahora se enfrenta a una posible multa de hasta 900. 000 euros que podría imponerle el Ministerio de Fomento a la ONG.