La fiscalía de Italia procesa al exmarido de Juana Rivas por «maltrato» a sus hijos

Rivas fue condenada, y luego indultada parcialmente, por sustracción de menores al no entregar a los hijos a Arcuri. «Con fecha 14 de noviembre del año en curso, tras el procedimiento penal correspondiente, la Fiscalía de Cagliari responsable de la instrucción ha concluido las investigaciones y ha presentado formalmente escrito de procesamiento contra Francesco Arcuri. Se le acusa de maltrato a sus hijos, 'sometiéndolos habitualmente a violencia física, vejaciones, insultos y amenazas'», dice Aránguez en su comunicado.

El letrado recuerda al respecto que, en marzo de 2024, «el Tribunal Supremo italiano, tras acoger en todos sus términos el recurso de casación de la señora Rivas, anuló la sentencia de la Corte de Apelación de Cagliari, evidenciando las graves irregularidades del proceso llevado a cabo, entre otras, la ausencia de valoración adecuada del 'interés superior de los dos hijos', los cuales fueron separados, concediéndole a Francesco Arcuri la custodia del menor, de diez años, el cual sigue aún viviendo con su padre, en Italia», agregó el jurista.

Por su parte, la representación legal en España de Francesco Arcuri afirma que la justicia italiana no le ha notificado «absolutamente nada» de un cambio en el proceso relativo a los hijos que tiene en común con Juana Rivas y ha negado «firmemente» las acusaciones de maltrato que en las últimas horas ha difundido su hijo mayor, Gabriel, pidiendo «ayuda» para que su hermano pequeño no siga viviendo con el padre en Carloforte.

En el vídeo remitido a los medios de comunicación, Gabriel Arcuri, que ya ha alcanzado la mayoría de edad, afirma que su hermano pequeño «vive en un infierno» con «un maltratador a su lado» pero tiene «miedo de expresar esas cosas porque sabe» que puede «enterarse y amenazarle». «Él se siente en riesgo de muerte, yo me he sentido en riesgo de muerte y veo mi reflejo en él», llega a afirmar desde España el hijo mayor de Juana Rivas, que vivió en Italia con su padre hasta los 16 años y en este vídeo se erige como «voz» de su hermano pequeño para transmitir «un mensaje directo» a quienes «pueden mover los hilos» para ayudarle y aún «no lo han hecho».

En declaraciones a Europa Press, el abogado de Arcuri en España, Enrique Zambrano, explica que hasta el momento su cliente no ha recibido notificación alguna de una posible imputación por maltrato, la cual vendría derivada de las trece denuncias presentadas en su día por Juana Rivas en Italia y que fueron inicialmente archivadas.

Pese a este posible cambio de rumbo en el proceso, que ahora lleva otro fiscal, el equipo jurídico de Arcuri incide en la «inexistencia» de hechos que respalden estas acusaciones y se remite a la extensa documentación recabada a lo largo del proceso con un «seguimiento casi diario» de los menores por parte de diversos profesionales, incluyendo los servicios sociales y el centro educativo.

A preguntas de los periodistas sobre este asunto, el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, ha rehusado este martes opinar sobre «un asunto judicializado», en este caso además en otro país europeo como es Italia. Pese a todo, ha mostrado su confianza plena en la Justicia italiana con las pruebas que la Fiscalía haya puesto ante el juez en relación a un posible maltrato.

Ha abogado así por «esperar y confiar plenamente en que el procedimiento judicial ponga las cosas en su sitio» y, en caso de confirmarse la existencia de maltrato, garantizar «de manera urgente» la salvaguarda del menor, «que es lo más importante», ha recordado.

Rivas fue condenada a dos años y medio de cárcel por la sustracción de sus dos hijos menores y entró en el Centro de Inserción Social (CIS) Matilde Cantos de Granada en 2021. Posteriormente, fue indultada parcialmente por el Gobierno, pero siguió cumpliendo la pena en su domicilio con un brazalete de control telemático.

Ya en 2022, la Audiencia Provincial de Granada acordó suspender el castigo de prisión que le había impuesto un juzgado de lo Penal de la capital, eso sí, con la condición de que participase en programas de parentalidad positiva, algo que había solicitado el abogado del padre de los menores, Francesco Arcuri, que ejerció la acusación particular.