El Estado asume su error en el caso de un hombre que asesinó a sus hijas

El Ministerio de la Presidencia ha emitido una resolución oficial en la que ha reconocido el riesgo al que estuvieron expuestas las víctimas, la violencia vicaria y sus consecuencias «funestas», según informa en un comunicado el Defensor del Pueblo, que abrió el proceso en una actuación de oficio a raíz del suceso.

Los hechos en cuestión se remontan a enero de 2018, cuando el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Castellón inicia actuaciones por violencia de género, mientras en febrero del mismo año el Juzgado de Primera Instancia número 7 de Castellón acuerda otorgar la custodia de las dos menores, de seis y dos años, a la madre y establece régimen de visita para el padre.

Posteriormente, el 24 de febrero de 2018, Iztiar Prats, madre de las niñas, interpone una denuncia ante la Policía Nacional de Castellón por amenazas de su marido y afirma temer por la vida de sus dos hijas, si bien el atestado policial concluye que el nivel de riesgo es bajo.

Cuatro días después solicita ante el Juzgado de Instrucción número 4 de Castellón medidas de protección para las menores orientadas a suspender el régimen de visitas acordado, pero el Ministerio Fiscal se opone a la adopción de la medida. Finalmente, meses después, el 25 de septiembre de 2018, las hijas de Iztiar Prats son asesinadas por su progenitor, Ricardo Carrascosa García.

Tras los hechos, la familia señaló al Ministerio de Justicia por «falta de diligencia» y al Ministerio del Interior por «aplicar protocolos obsoletos» para la valoración del riesgo y protección de las menores.

Ahora, el Ministerio de la Presidencia ha resuelto que los dos departamentos ministeriales han de indemnizar a la familia asumiendo cada uno la mitad del importe total. En concreto, la indemnización que se estima adecuada para reparar el daño moral ocasionado por las muertes de sus dos hijas es de 800.000 euros para Itziar Prats y de 100.000 euros para cada uno de los abuelos de las menores, Fernando Prats y Ángela Fernández.

Asimismo, ha determinado que la imputación del daño no se puede concretar en una actuación específica ni en un órgano determinado, sino que se afirma que «el funcionamiento general de la Administración fue insuficiente e inadecuado».

Además de iniciar este proceso en una actuación de oficio, el Defensor del Pueblo puso en marcha distintas actuaciones con el Ministerio de Justicia y con el Ministerio de Interior, que culminaron en una batería de recomendaciones en las que se reclamaba un sistema específico de seguimiento integral para los menores, al margen del que ya existe para las mujeres.

Igualmente, se demandaron medidas de coordinación para que puedan integrarse las actuaciones de las distintas administraciones que atienden a las víctimas, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, hasta los servicios sociales de comunidades autónomas o ayuntamientos.

También se pidió revisar la regulación del régimen de guarda y custodia y los regímenes de visitas de los padres condenados o procesados por violencia de género, considerando que «un maltratador no puede ser un buen padre», o permitir el empadronamiento de las mujeres y los niños en los centros de acogida o emergencia.

Además, se iniciaron actuaciones para que los puntos de encuentro familiar, que dependen de las comunidades autónomas, pudieran colaborar con la Justicia en los casos en los que detecten cualquier situación de riesgo para los menores. Los ministerios de Interior y el de Justicia han aceptado muchas de estas recomendaciones.