Los padres denuncian que la concertada viola la ley al imponer cuotas

La número dos de la confederación que representa a 12.000 asociaciones de padres de la escuela pública recordó que, por ley, la enseñanza concertada debe ser gratuita -no puede exigir desembolsos ni directos ni indirectos- y que los pagos por actividades escolares complementarias o servicios de los centros -a realizar fuera del horario lectivo- deben ser voluntarios y nunca significar discriminación para los alumnos.

Ceapa y Cicae realizaron esta acusación tras elaborar un estudio en 326 colegios concertados de siete autonomías (Andalucía, Aragón, Cataluña, Comunidad Valenciana, Galicia, País Vasco y Madrid) que concluye que el 90% de los centros cobra a las familias una cuota base mensual para que los niños cursen en sus instalaciones la enseñanza que subvenciona el Estado y que estos pagos son obligatorias en el 76 % de los casos, «contraviniendo la Ley Orgánica del Derecho a la Educación, que ampara la gratuidad de la educación obligatoria en centros sostenidos con fondos públicos».

El estudio, realizado por la empresa Garlic B2B, cuyos investigadores acudieron la primavera pasada a los colegios haciéndose pasar por padres que pedían información para matricular a sus hijos este curso, aclara que las cantidades exigidas que ahora denuncian se reclamaron exclusivamente para actividades complementarias y para reforzar la enseñanza, pues no incluyen los posibles precios y costes de comedor ni los del transporte.

La directora de proyectos de la consultora, Amparo Nuñez, relató que «tuvimos dificultad para conseguir información que indicase claramente a las familias las tarifas y aportaciones que tenían que hacer, en concepto de qué les cobran y los horarios o contenidos que justifican su pago. En algunos casos debimos insistir hasta en diez ocasiones al colegio para lograr los datos, en otros nos entregaron una información comercial muy completa, pero no incluyeron la de la cuota, y en un 44 % de los centros no llegaron a entregarnos documento alguno con los precios de las cuotas complementarias».

El análisis detalla el dinero que exigen estos colegios a las familias en siete comunidades autónomas, con gran disparidad de cuantías, que van desde los cero euros (solo un puñado de centros) a los 923 euros mensuales. Las cuotas medias más elevadas están en Cataluña (191 euros), País Vasco (160) y en la Comunidad de Madrid (119). El precio medio es inferior en Aragón (38), Galicia (38), Andalucía (42) y Comunidad Valenciana (74). En casi la mitad de las ocasiones el pago exigido es 100 euros al mes o más. La investigadora de Garlic advirtió, además, que «el estudio se centra en segundo ciclo de Infantil, para garantizar la comparabilidad de los resultados, aunque en etapas superiores esta cuota se incrementa».

Lo más preocupante, coincidieron las tres denunciantes, es que la investigación detectó que en el 18 % de los casos existe riesgo de exclusión o discriminación para el alumno cuya familia no pague la cuota, un dato que aumenta hasta el 31 % en las instalaciones visitados en la Comunidad de Madrid. En estos centros, el estudiante no podría acudir a las actividades complementarias con el resto de los alumnos, por lo que la familia tendría que ir a recogerlo antes o quedará aislado del grupo en otro espacio del colegio.

Leticia Cardenal mostró su sorpresa, «un año más, ante la pasividad de las administraciones educativas, que son cómplices de que curso tras curso los centros concertados sigan haciendo negocio con las cuotas que, en algunos casos de manera directa y en otras de forma encubierta, obligan a pagar a las familias, que están desprotegidas».

Elena Cid afirmó que ya es indiscutible que los concertados cobran cuotas obligatorias a las familias. «Esperábamos un cambio, pues la Lomloe (la nueva ley educativa) lo prohíbe expresamente en su artículo 88. Pero no se está cumpliendo la ley. Cobran cuotas en concepto de aportaciones, proyectos educativos o actividades complementarias obligatorias dentro del horario escolar y, además, lo hacen por contenidos curriculares esenciales».

Cid exige que «la inspección vele por el cumplimiento de la ley, que la administración educativa no autorice anualmente a los colegios a cobrar estas cuotas tan lucrativas y que se garantice el derecho de las familias a la gratuidad de la educación obligatoria».