El Congreso crea la subcomisión para el pacto educativo con discrepancias de Podemos y los nacionalistas

La Comisión de Educación, con los votos a favor de PP, PSOE y Ciudadanos y la abstención de Podemos y los nacionalistas, ha aprobado la creación de una subcomisión parlamentaria que tiene como objetivo elaborar, de cara al próximo verano, un informe que diagnostique los puntos fuertes y débiles del sistema educativo español, llegue a unas conclusiones, y realice las propuestas de mejora necesarias. Estas propuestas deberían servir de base para que el Gobierno envíe a la cámara un nuevo proyecto de ley de educación pactado con la mayoría del Congreso, y apoyado por la comunidad educativa y las comunidades autónomas, con "vocación de estabilidad".

La decisión ha sido posible después de que, en la última semana, el Gobierno y el PP rectificasen y removiesen los dos obstáculos que impedían el inicio de cualquier diálogo. En primer lugar, la renuncia a la implantación de las reválidas de ESO y Bachillerato, que se materializará en los próximos días a través de la aprobación por el Consejo de Ministros de un decreto ley. Y en segundo, la disposición de los populares a aceptar que el fruto del hipotético pacto será la sustitución de la Lomce.

La unanimidad en la creación de la subcomisión ha sido imposible debido a las objeciones de entrada de Podemos y los nacionalistas, pero incluso los grupos discrepantes se han comprometido a participar en los trabajos y a explorar las posibilidades del acuerdo, motivo por el que no hubo voto negativo alguno.

Los nacionalistas basaron sus objeciones en las serias dudas que tienen de que el acuerdo posible respete las competencias en educación de las comunidades autónomas y su libertad para diseñar su propio currículo y modelo de gestión de los centros. Por su temor, en definitiva, a que sea un pacto recentralizador.

Podemos ha justificado su falta de apoyo en que le fue rechazada una enmienda que pretendía suprimir del texto de creación de la subcomisión la afirmación de que el pacto irá orientado a "alcanzar los objetivos educativos europeos recogidos en la Estrategia Educación y Formación 2020 de la Unión Europea", que dijo "diseña una educación mercantilista" y que, ha asegurado, no cuenta con el apoyo de la comunidad educativa.

Ciudadanos, PSOE y PP han rechazado la pretensión de Podemos porque no ven más que una estrategia oportunista de última hora de un partido que había rechazado entrar en las negociaciones previas del documento para la creación de la subcomisión. La formación naranja lo ha reducido todo a "una estrategia adolescente" y el PP a una jugada de "mero interés político". Ambos y el PSOE han pedido a los de Pablo Iglesias que dejen la estrategia partidista fuera del intento de pacto de Estado y que sean más modestos y no se arroguen la representación de la comunidad educativa, que es plural y tiene diferentes posturas sobre los diferentes temas.

El portavoz del PSOE, Manuel Cruz, ha indicado a Podemos que no se preocupe, que el pacto no busca un simple 'lifting' de las políticas del PP sino todo lo contrario. Los socialistas, de hecho, avisaron ya de entrada que cualquier acuerdo tendrá que derogar la Lomce y revertir su política educativa, que definió como "ideologizada" y creadora de desigualdades, y apostar por la escuela pública, por las becas como un derecho del estudiante, y por un presupuesto suficiente que revierta cuatro años de recortes.

Las portavoces de PP, Sandra Moneo, y de Ciudadanos, Marta Martín, han evitado las polémicas, para entrar con buen pie en los trabajos de la subcomisión, y han apostado porque todos hagan el máximo esfuerzo para que el primer pacto educativo de la democracia se convierta en realidad.