La contaminación por ozono se dispara debido a las intensas olas de calor

Este tóxico, el más estrechamente ligado al cambio climático, registró en 2025 los niveles más altos detectados en la última década como consecuencia de la proliferación de los días de calor extremo, según el estudio realizado por Ecologistas en Acción a partir de las mediciones entre enero y septiembre de 500 estaciones oficiales repartidas por todo el país.

El ozono troposférico es el contaminante más inhalado en España y provoca la muerte prematura de unos 10.000 españoles al año, según los cálculos de la Agencia Europea de Medio Ambiente. Su presencia en niveles tóxicos se concentra en los días con mayor temperatura y sequía de la primavera y del verano, en las horas centrales y al comienzo de la tarde, y los colectivos más proclives a padecer daños son los ancianos, los niños, las embarazadas, las personas que hacen deporte al aire libre a esas horas y los ciudadanos con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

Es un contaminante generado en las capas bajas de la atmósfera por el efecto combinado de las fuertes radiaciones solares y por la acumulación de los gases de combustión de carbón, petróleo y gas en vehículos, centrales eléctricas y calderas. Tiene la peculiaridad de que aunque son las zonas urbanas donde se genera la mayor parte de estos gases de combustión, las áreas de más alta contaminación por ozono son las periferias de las ciudades y las zonas rurales, porque en las urbes la sustancia se destruye casi al tiempo que se genera.

El informe indica que ocho millones de españoles, uno de cada seis, un 17% de la población, ha respirado este año aire con mayor concentración de ozono de la permitida hoy por la UE. El resultado es aún más negativo si se tienen en cuenta los nuevos valores máximos aprobados por Europa para este contaminante y que estarán vigentes en 2030. Con esos criterios, el aire contaminado por este tóxico lo habrían respirado más de 12 millones de españoles, uno de cada cuatro. Finalmente, si la tasa que se aplica es el límite recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), más estricto que el objetivo legal y más acorde con una adecuada protección de la salud, el aire contaminado por ozono habría afectado en 2025 a 47 millones españoles, la práctica totalidad del país.

Son 26 las zonas de Andalucía, Baleares, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura, Madrid y Región de Murcia donde se han superado en al menos una estación los límites máximos de ozono permitidos por la ley. Zonas que se elevan a una treintena y a 18 millones de habitantes si se tienen en cuenta los nuevos límites que regirán en 2030. La Comunidad de Madrid es el territorio español con una mayor contaminación por ozono, con casi todas sus estaciones de medición por encima del futuro objetivo legal.

La frecuencia de las superaciones del valor objetivo legal ha vuelto a números de los años previos a la pandemia de la covid, con un aumento del 5% en relación al promedio del periodo 2012-2019. 2025 es además el año con más superaciones del umbral que exige la información sobre riesgos a la población desde 2015, con 320 registradas a 30 de septiembre y concentradas en Madrid y Cataluña.

La información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas, según Ecologistas en Acción, no es «ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema». «Muy pocas autoridades cuentan con protocolos de actuación frente a los episodios de ozono. Y todavía en 2025 los gobiernos de Aragón, Asturias, Extremadura y País Vasco no han advertido a la población, como es preceptivo, mientras las demás comunidades afectadas se han limitado a difundir avisos rutinarios, por procedimientos que no han permitido una comunicación eficaz de la información», aseguran.

Las principales medidas necesarias para reducir la contaminación del aire por ozono son disminuir el tráfico motorizado, sustituir los disolventes orgánicos por agua, el ahorro energético, ordenar el actual despliegue caótico de las energías renovables y penalizar fiscalmente los vehículos diésel y la aviación, además de acordar una moratoria para nuevas macrogranjas.