El Constitucional quiere abrir el debate sobre el aborto antes de las vacaciones

Prepara la discusión al mismo tiempo que la mayoría ultraconservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos se dispone a derogar el derecho a la interrupción libre y voluntaria del embarazo en ese país, que el mismo máximo órgano judicial estableció hace medio siglo.

La pretensión de González Trevijano es no dejar el cargo, que caduca oficialmente el próximo junio, sin haber activado al menos la resolución de un recurso que ya ha sacado los colores a tres presidentes de la corte de garantías, pues lleva prácticamente guardado en un cajón 12 años, desde que los diputados del PP impugnaron por supuesta inconstitucionalidad nueve artículos de la ley de plazos impulsada por José Luis Rodríguez Zapatero y su Gobierno. Esta norma contempla que en las primeras 14 semanas de gestación la decisión de abortar es libre, siempre que se haya informado a la embarazada de los derechos y ayudas públicas de apoyo a la maternidad.

El actual presidente del TC, que encargó hace meses la elaboración de un primer borrador de resolución al también conservador Enrique Arnaldo, aspiraba a llevar la ponencia a un pleno de este mismo mes. El objetivo era lograr una primera toma de temperatura de las distintas posturas de los magistrados y de las posibilidades de avanzar hacia una sentencia consensuada o al menos muy mayoritaria. Sin embargo, la convocatoria anticipada de las autonómicas andaluzas para el 19 de junio se ha cruzado en su camino y, con ella, la costumbre no escrita en los tribunales españoles de evitar interferencias electorales con el debate de causas de alto contenido político en el período electoral o preelectoral.

El imprevisto andaluz hace que ese primer debate sobre la constitucionalidad de la ley de plazos pueda trasladarse al final a uno de los plenos que se celebre en julio. No obstante, cuando eso ocurra, si es que al final González Trevijano logra cumplir su deseo, cuatro de los magistrados que participen en la primera confrontación de posturas, incluido el propio presidente, ya habrán agotado su mandato legal de nueve años en el tribunal.

El Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), con dos nombramientos cada uno, deberán relevar a los magistrados vacantes. No es un cambio baladí, pues, de producirse en tiempo y forma, alteraría la actual mayoría conservadora de la corte, en la que los progresistas pasarían a tener la ventaja de siete a cinco (ahora es al revés).

Este hipotético relevo en el tribunal de cara al próximo otoño -sumado al hecho de que aunque la causa viva un primer debate este verano es casi seguro de que precisará de más discusiones y, posiblemente, de varias fases de enmiendas y redacciones de la ponencia, dado lo delicado y vidrioso del asunto- apunta a que será la corte ya renovada la que resuelva la impugnación. De ser así, los avances que este verano pudiesen producirse en la elaboración del borrador de sentencia podrían resultar invalidados total o parcialmente si sobre el trabajo final del tribunal termina por decidir una mayoría con la sensibilidad contraria a la actual.