Auge y caída de la 'Marbella extremeña'

A unos y otros se les agitó el pulso el pasado martes a la hora de comer, cuando se conoció esa decisión judicial que puede suponer la puntilla para un resort que aspiraba a ser la 'Marbella extremeña' y que si no mandan otra cosa el Constitucional o el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, acabará reducido a escombros. Lo que media entre aquella aspiración y esta realidad son 16 años de pelea en los tribunales.

Marina Isla Valdecañas iba a tener 565 viviendas entre unifamiliares y chalés, y se ha quedado en 183. Iba a ofrecer un hotel de cuatro estrellas y otro de cinco con spa y centro médico, pero el segundo no ha pasado de los planos. Se construyó una marina con capacidad para 150 amarres, pero ya nadie duda de que se va a quedar con los 76 actuales. Pese a los tijeretazos al proyecto inicial, a la promotora de José María Gea -tiene complejos similares en El Rompido, Isla Cristina o Costa Ballena- le dio tiempo a invertir 130 millones de euros para levantar uno de los resorts más grandes de la España de interior. Tiene un campo de golf de 18 hoyos, diez pistas de pádel, cinco de tenis y dos polideportivas, un campo de fútbol y otro de fútbol siete, un recinto hípico, un hotel de 80 habitaciones, una playa artificial, varias piscinas y un entramado de carreteras que incluye una de 1,8 kilómetros que lleva al pueblo.

En él mandó durante toda la gestación del proyecto Bautista Sánchez Monterroso, alcalde por el PP entre 1999 y 2011, hoy un vecino más que a las nueve y media de la mañana del pasado miércoles le pagaba al butanero los 17,75 euros de la bombona. «La sentencia del Supremo es una ruina total para el pueblo. Es una catástrofe, pero la ley está para cumplirla, no queda más remedio. Tengo un disgusto grande», se resigna el hombre, que asegura que «el 85% o el 90% del pueblo» piensa igual que él. Dos calles más allá, en el bar Oasis (prensa y rebanadas de pan frito en el mostrador), el porcentaje sube. «El 100% del pueblo quiere que la isla no se tire», afirma Miguel Blázquez, que tiene que morderse la lengua para no decir todo lo que piensa. «Allí hay más de veinte vecinos del pueblo trabajando. Y hay gente de Berrocalejo, Rosalejo, Talayuela, Navalmoral de La Mata... Hay fontaneros, jardineros, los de seguridad, mantenimiento, limpieza de las casas, los comercios del pueblo...».

Entre estos últimos, dos casos ilustrativos. El primero es Country Home Santa Fe, la sofisticada tienda de decoración de los anticuarios José Antonio Giménez-Arnau y David Macho, que además tienen casa en el complejo. Y el segundo, Capricho Gourmet, un espacio de delicias gastronómicas que abrió hace unas semanas y cuyas estanterías incluyen jamón ibérico puro extremeño y vino de Vega Sicilia. Se asume que ninguno de los dos negocios sobreviviría sin la clientela de Marina Isla Valdecañas, donde han tenido o tienen casa Alonso Aznar Botella, Carlos Baute, el futbolista del Atlético de Madrid y la selección española Koke Resurrección -que se casó allí en 2019- o Beltrán Gómez-Acebo Borbón, hijo de la hermana del Rey emérito Pilar de Borbón, quien alguna vez ha compartido migas y tortilla de patatas con sus amigas en un bar de la localidad cacereña. El presidente de la entidad de conservación -el órgano que representa a los propietarios de la urbanización- es Jaime López-Ibor Alcocer (nieto del psiquiatra Juan José López-Ibor y sobrino del empresario y financiero Alberto Alcocer), y la lista de dueños de casas incluye apellidos conocidos de industriales, banqueros o empresarios, como Fierro, Corsini o Arteaga. Cada uno de ellos pagó entre 450.000 y 650.000 euros por villas de 265 a 560 metros cuadrados, construidas en parcelas de 800.

«Aquí hay ricos, sí, unos conocidos y la mayoría anónimos, pero es que algunos de estos ricos dan trabajo a mucha gente del pueblo», comentan dos jóvenes a la entrada del complejo, que vive sometido a la incertidumbre de juicios, sentencias, autos y recursos desde antes de que se pusiera un ladrillo.

Marina Isla Valdecañas recibió el visto bueno de la Junta de Extremadura el 24 de enero de 2006, y a las 48 horas, la asociación ecologista Adenex ya anunció que denunciaría el proyecto ante la Comisión Europea si no cambiaba su ubicación. El motivo era fácil de entender: iba a ocupar suelo protegido, en concreto, de la ZEPA Embalse de Valdecañas (Red Natura 2000). La solución que tomó el Gobierno extremeño que presidía el socialista Juan Carlos Rodríguez Ibarra fue también de lo más simple: recalificar el terreno. Previamente, había catalogado la iniciativa como PIR (Proyecto de Interés Regional), una etiqueta oficial que equivale a ponerle una alfombra roja, porque simplifica y agiliza los trámites administrativos.

En 2011, el TSJ extremeño declara ilegal el PIR y ordena que los terrenos del resort sean restituidos a su estado anterior. A los veinte días, la Asamblea de Extremadura intenta salvar este escollo aprobando por unanimidad una reforma de la Ley regional del suelo que abre la puerta a edificar en suelo protegido y que luego será declarada anticonstitucional. En el año 2014, el Supremo ratifica la ilegalidad del PIR, pero la Junta argumenta que es imposible ejecutar las sentencias, porque devolver el terreno a su situación anterior sería carísimo y dañaría el medioambiente más que dejarlo todo como está. En julio de 2020, basándose en un informe de la Estación Biológica de Doñana, el TSJ extremeño ordena demoler sólo lo que quedó a medias (57 viviendas, principalmente) y respetar lo que está terminado y en uso. Entre otros motivos, alega «el alto coste económico del derribo total», que estima en 145 millones (34 para la demolición y 111 en indemnizaciones). Ecologistas en Acción, que es el otro colectivo que llevó el proyecto a los tribunales, recurre al Supremo, la instancia que acaba de darle la razón decretando la demolición total.

«Tenían que haber parado las obras cuando empezaron, porque ya se sabía que ahí no se podía construir», opina Justo Torrijos, vecino de Berrocalejo, en cuyo término municipal está aproximadamente un tercio del resort. Gracias a esto, el ayuntamiento ingresó entre los años 2007 y 2011 en torno a 1,3 millones de euros por los impuestos de obras. Además, recibe 500 euros al mes por el alquiler del suelo que ocupan las pistas deportivas. Mejor le ha ido a El Gordo, que aporta más suelo. Las obras le reportaron al pueblo vía impuestos unos 5,5 millones, que invirtió en construir la residencia de mayores (59 plazas) y el hogar del pensionista, y en reformar el centro de salud y la nave multiusos. En la actualidad, ingresa unos 250.000 euros anuales en concepto de IBI.

Pero «la isla» ha tenido en el municipio otro impacto que los lugareños aprecian tanto o más que el económico. En 2007, el año que el resort empezó a construirse, El Gordo tenía 317 habitantes. Hoy suma 382, lo que significa que su censo ha crecido un 20%, un porcentaje salvaje en esta esquina del mapa español que se despuebla a paso firme. Berrocalejo tenía 98 y ahora suma 102, dos de ellos trabajando en esa isla a la que Justo Torrijos iba de joven con su canoa.

Se llevaba un libro y un bocadillo y echaba el día, recuerda el hombre, que se declara ecologista y admite que al principio se opuso al proyecto. «Mi conclusión -resume- es que nos han cogido como conejillos de indias, para alertar sobre las construcciones ilegales en España. Han dicho 'Hay que dar ejemplo con algo', y nos ha tocado a nosotros. Allí hay ahora 40 veces más animales que entonces. Ves ciervos, corzos, liebres, conejos, patos, gansos, jabalíes, zorros... El complejo, ahora mismo, no hace daño a nadie y da trabajo a gente joven que si se tira la isla, se tendrá que ir a vivir a un sitio más grande. ¿Quiénes nos vamos a quedar aquí? ¿Los viejos solo, hasta que nos muramos todos y esto se quede vacío? ¿Eso es lo que quieren?».