El Arzobispado revela un agujero de 45.000 euros en el caso de las monjas de Belorado

Esta realidad lleva aparejada «la obligación de administrar prudentemente los bienes, examinando con cautela las obligaciones económicas de la entidad, de manera particular las contraídas con anterioridad» al nombramiento de Comisario Pontificio.

La Comisión asegura que lo que la exabadesa califica de «infame coacción» es un ataque sin sentido, «tratando de imputar unos posibles hechos delictivos a la Comisión Gestora. Nuestros servicios jurídicos valorarán estas manifestaciones y actuarán en consecuencia», apuntan.

Insisten en que han requerido «en cuatro ocasiones la información de la actividad económica del monasterio a la exabadesa, sin que ninguna de estas peticiones haya sido atendida», incluso con requerimientos judiciales. Una petición en la que solicitaba el arzobispo, monseñor Mario Iceta, «toda la información legal, tributaria, fiscal, económica, contable y laboral, necesaria para la correcta administración del monasterio».

Pero desde el convento «se han ignorado estas solicitudes de manera reiterada, impidiendo cualquier tipo de comunicación por parte de la exabadesa. Es más, aseguran desde el Arzobispado que existe una «orden expresa», dada por García de Viedma «de no facilitar esta documentación a la Comisión Gestora. Ante esta «manifiesta obstrucción del derecho de administrar adecuadamente los bienes, nuestros servicios jurídicos actuarán en consecuencia».

Desde el Arzobispado informan de que, hasta la fecha, se han recibido «más de veinte facturas», por un importe superior a 35.000 euros «y un total de once nóminas», por importe aproximado de 9.800. El saldo de las diez cuentas intervenidas apenas llega a los 6.000 euros con lo que «es imposible hacer frente a estas obligaciones». De ahí que la Federación de Clarisas de Nuestra Señora de Aránzazu tenga que inyectar fondos provenientes de distintos monasterios de la Orden.

Aseguran desde la Comisión que una de sus prioridades es que «cobren los trabajadores que prestan sus servicios en los monasterios». Para ello, «se ha formalizado ya el procedimiento para pagar las nóminas de aquellos trabajadores que han seguido el protocolo establecido por la Comisión Gestora, ante las dificultades que ha generado la exabadesa: facilitarnos su DNI, su contrato laboral, las condiciones en las que venían prestando sus servicios, su número de cuenta actualizado, etc.», apuntan.

Respecto a las facturas pendientes, «se están atendiendo los pagos de aquellos servicios más básicos y urgentes». Reconocen que es «una labor minuciosa, dado que hay que examinar detenidamente cada obligación de pago». Es más, algunas facturas han sido emitidas por proveedores «afectados por impagos generados durante meses, incluso años, por lo tanto, anteriores a la fecha de nombramiento del Comisario Pontificio».

En total se han pagado más de 3.000 euros en suministros y más de 18.000 euros en créditos bancarios y no tienen «constancia de los ingresos que se obtienen con las actividades que se realizan desde las instalaciones del monasterio, de cuyos gastos la exabadesa pretende que nos hagamos responsables», entre ello las materias primas embalaje o mensajería.

Lo que parece más preocupantes es que la exabadesa está «impidiendo el acceso a la información tributaria necesaria para presentar los modelos fiscales correspondientes, referidos a la actividad del último trimestre».

El Arzobispado tampoco ha ordenado «el corte de ningún suministro ni se ha amenazado con hacerlo. Hasta la fecha, la Comisión Gestora ya ha afrontado pagos referidos a servicios de luz, gas y telefonía que superan los 3.000 euros.