Las abolicionistas reclaman que se persiga a clientes y dueños de prostíbulos

La plataforma, que engloba a más de un centenar de organizaciones que luchan desde hace 25 años por abolir la prostitución, solicitaba el pasado mes de marzo una reunión con Pedro Sánchez y con varios de sus ministros para presentarles los ejes de la propuesta de reforma que pretenden que impulsen y que se basa en la convicción de que «trata y prostitución son lo mismo, porque las mujeres explotadas no tienen libertad de elección».

Un estudio de Cáritas confirma este dato al concluir que el 90% de las mujeres prostituidas en España no lo hacen de forma voluntaria. Pedían la reunión desde el convencimiento de que «un Gobierno de progreso no puede permanecer cómplice de esta forma extrema de violencia contra las mujeres, que es la prostitución, y del marco de impunidad de que goza la lucrativa industria de la explotación sexual en este país». Sin embargo, todo se paralizó a consecuencia de la pandemia. «A la vuelta de septiembre, volveremos a pedir al presidente del Gobierno una reunión para presentarles la ley abolicionista del sistema prostitucional y seguiremos con el proceso», explica Rosario Carracedo, portavoz de la PAP, que avanza que impulsarán una manifestación en otoño al respecto.

La prostitución en España no está prohibida, pero tampoco es un actividad legal, ya que no es considerada una profesión. El Código Penal solo prohíbe tasativamente el comercio sexual con menores o discapacitados intelectuales y castiga con penas de cárcel al que emplea violencia, intimidación o engaño para lograr que alguien ejerza la prostitución y a los chulos que se lucran directamente con esta venta de sexo aunque la actividad sea consentida. Sin embargo, regentar un negocio donde se ejerce la prostitución, lo que se conoce como tercería locativa, es legal desde que fue despenalizado en 1995.

El resultado, según los datos policiales, es el de un país en el que no menos de 40.000 o 45.000 mujeres se prostituyen en clubes de alterne, pisos, calles, polígonos, parques o carreteras, en su mayoría obligadas por redes delictivas, en un negocio alegal que mueve unos 20.000 millones de euros anuales. La mayoría son víctimas de trata procedentes de Nigeria, Rumanía, Brasil, Dominicana, Colombia, Bolivia o China. Solo en el área de competencias de la Guardia Civil, detalla Carracedo, los burdeles aumentaron en un 55% tras la despenalización de la tercería locativa, algo que no debería extrañar en el tercer país con más usuarios de prostitución del mundo –cuatro de diez ciudadanos– según las cifras de la ONU.

Los dos primeras medidas con las que buscan la abolición son punitivas. Piden que el Código Penal recoja como delito de proxenetismo penado con cárcel y prohíba cualquier actividad que facilite o impulse la prostitución, sea ejecida con coerción o por mero ánimo de lucro, incluida la tercería locativa, con el objetivo de desmantelar la industria de la explotación sexual y ordenar el cierre de locales. La segunda medida es prohibir la demanda o compra de servicios sexuales, con lo que la actividad de los puteros sería un delito penado con fuertes multas, al estilo de Suecia. «Es su dinero el que alimenta esta industria criminal», justifica Carracedo.

El tercer eje sería rescatar a las víctimas. Se trataría de que las mujeres que ejercen la prostitución puedan abandonarla garantizándoles por ley, con independencia de su origen o situación administrativa en España, la protección, la atención médica y psicológica y la reparación integral, con programas de inserción laboral o ayudas como la renta básica. Este rescate nunca deberá estar condicionado a la existencia de una denuncia o a su colaboración en la persecución del delito.

El PSOE, en su programa electoral, tenía un compromiso abolicionista no tan explícito, pero sí similar al que reclama la PAP. Sin embargo, el actual pacto con Unidas Podemos, «más ambiguos en este tema», solo incluye una ley integral contra la trata de mujeres con fines de explotación sexual, con medidas de persecución de las redes criminales y de protección y recuperación de las víctimas, pero ya no se hace alusión alguna al compromiso de abolir la prostitución. «Una ley de trata es insuficiente –rechaza Carracedo–, porque eso enfatiza la coacción sobre las víctimas, que tienen que ser las que aporten pruebas sobre su captación delictiva, lo que las revictimiza y pone en peligro». La solución más eficaz y que menos les daña, añade, es ilegalizar el proxenetismo y el negocio.