Greenpeace insiste en pedir la paralización del cementerio nuclear

Los cálculos de la Empresa Nacional de Residuos Radiactivos (Enresa), dependiente de la cartera que dirige José Manuel Soria, preven que el recorrido atraviese 216 municipios de varias Comunidades Autónomas como Cataluña, la Comunidad Valenciana, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura. Por estos territorios pasarían anualmente 40 camiones cargados con los residuos nucleares correspondientes. Greenpeace denuncia que todas estas localidades, en las que viven más de seis millones de personas, no han sido consultadas a la hora de elaborar las rutas. La responsable de la campaña antinuclear de los ecologistas, Raquel Montón, destacó además que los criterios que se han seleccionado para decidir los recorridos carecen de rigor y que se ha primado el ahorro de tiempo y de costes en lugar de la seguridad.

Greenpeace ha habilitado en su página web un mapa interactivo que señala las rutas por las que pasarán los camiones si finalmente se construye el Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos radiactivos. En el mapa aparecen señalados los puntos negros de las carreteras forman parte del recorrido, así como los municipios afectados. La organización ecologista ha ideado una herramienta que permite a los usuarios enviar un correo electrónico de manera sencilla a las alcadías de todas estas localidades para instar a sus respectivos gobiernos a protestar por lo que consideran un riesgo innecesario.

Riesgo de accidente

Montón señaló que las centrales españolas cuentan ya con almacenes de residuos individuales o están en fase de construcción y dijo no entender las prisas de Industria por hacer el ATC, incluso con el informe en contra de los técnicos del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), que señalaron que el emplazamiento conquense no era adecuado para la construcción del cementerio de residuos radiactivos.

La organización ecologista advirtió también de los riesgos que conlleva el transporte por carretera de este tipo de residuos y aludió a los accidentes ocurridos en Estados Unidos y Reino Unido, que suman más de 800 incidencias desde 1958.

La seguridad en el transporte no es lo único que preocupa a Greenpeace, que calificó el proyecto de despilfarro, al cifrar su coste en 1.000 millones de euros que asumiría la empresa pública Enresa, frente a los 20 millones que cuesta cada almacén individualizado, que pagan cada una de las empresas que explotan las centrales. La organización ecologista no desaprovechó la oportunidad para recordar al Estado su implicación en otros proyectos fallidos que supusieron un agujero en los bolsillos del erario público, como la planta de almacenamiento de gas Castor o el hotel del Algarrobico.