Soria pide sensatez y cordura al Gobierno canario ante su pulso con el Estado

Tras presidir una reunión del Comité Ejecutivo Regional del PP en Canarias, Soria ha aludido así al "divorcio institucional" con la Administración del Estado que, según ha advertido el presidente canario, Paulino Rivero, podría producirse en las islas el caso de que no se paralicen las prospecciones autorizadas la pasada semana.

El presidente de los populares canarios se ha preguntado si con esa "amenaza de ruptura institucional" Rivero pretende que Canarias deje de recibir miles de millones de euros del Estado con los que se financian distintos ámbitos, como el energético, el transporte, o el pago a proveedores.

Soria ha manifestado que tanto el PP como el Gobierno central "rechazan cualquier tono amenazante de cualquier institución" y ha estimado que "no hay ningún riesgo" de que se produzca esa ruptura con el Estado, porque "en Canarias la sociedad es sensata y responsable".

'No' a la consulta

El titular de Industria ha asegurado que el Consejo de Ministros "no va a autorizar" la consulta popular que pretende realizar el Gobierno canario sobre estos sondeos petrolíferos "porque es ilegal" y ha añadido que la reunión que ha solicitado Rivero con Mariano Rajoy para abordar este asunto "se producirá cuando haya disponibilidad" en la agenda del presidente del Ejecutivo nacional.

Sobre la supuesta doble vara de medir que tiene el Gobierno sobre los sondeos previstos en Baleares y los de Canarias, Soria ha dicho que los primeros fueron autorizados por el PSOE y ha precisado que en ese otro archipiélago el operador aún no ha solicitado la pertinente declaración de impacto ambiental, que tarda en resolverse entre 12 y 18 meses.

Soria ha recalcado que el PP en Baleares siempre ha rechazado las prospecciones, mientras que los populares canarios han apostado por ellas, de ahí que, a su juicio, el único cambio de parecer que se debe explicar en Canarias es el que han tenido sobre este asunto el presidente de la comunidad autónoma, Paulino Rivero (CC), y su vicepresidente, José Miguel Pérez (PSOE). Además de recordar que tanto los nacionalistas como los socialistas canarios apostaban en sus programas electorales por las prospecciones petrolíferas, ha asegurado que Rivero le ha dicho en privado más de una vez que él apoya la realización de estos sondeos, aunque tiene que defender su rechazo "por los líos internos que tiene en Lanzarote y Fuerteventura", algo que también ha confesado -según su versión- al propio presidente de Repsol, Antonio Brufau.

Rivero "roza el delito"

Soria ha considerado, además, que Rivero "roza el delito" e incurre en un "disparate" cuando se dirige a los accionistas de Repsol para advertirles de que "o se avienen a lo que plantea el Gobierno canario o no van a recibir más contratos en las islas".

El ministro ha manifestado que las batallas políticas, que en este caso ha calificado como una causa "partidista e incluso personal", se ganan o se pierden, y ha añadido que cuando la justicia no te da la razón, como ha ocurrido en este caso con el pronunciamiento del Tribunal Supremo, se pasa página y se trabaja todos a una por el bien de Canarias.

Además, ha recalcado que, tal y como ha desmentido el propio operador, Repsol, Rivero "miente descaradamente" cuando afirma que el Ministerio de Industria ha presionado a la compañía petrolífera para que acometa estos sondeos. "Es una cuestión de pudor, cada uno hace el ridículo como quiere", ha aseverado.

El ministro ha subrayado que la declaración de impacto ambiental de los sondeos previstos en Canarias ha sido autorizada por técnicos y funcionarios del Ministerio de Medio Ambiente, entre otras cuestiones, porque "la probabilidad de una incidencia es remota o nula".

Soria también ha asegurado que el Gobierno creará un tributo para que las arcas canarias se beneficien de la actividad extractiva que podría llevar a cabo Repsol cuando se confirme que se puede desarrollar, es decir, cuando se conozca el resultado de las prospecciones. Ha destacado además que, si estos estudios prosperan, tendrían un impacto en la economía del archipiélago equivalente al 13% de su producto interior bruto y se generaría una actividad superior a la que aportaba a las islas el sector de la construcción antes de la crisis.