Los grupos municipales no se opusieron a la liberación del empleado de la EMT

Se trata del trabajador de la EMT condenado junto a su mujer por un por un delito de falsedad en relación con otro de estafa, ambos de carácter continuado. Según la resolución, desde 2007 a 2011, el acusado trabajaba como ingeniero de telecomunicaciones en la empresa y creó dos sociedades «con el único fin de lucrarse en perjuicio de la EMT», utilizándolas «como tapadera» y llegando a girar más de 50 facturas, con las que defraudó 355.754 euros.

Precisamente, el hecho de que la estafa fuese cometida a una empresa pública es lo que tumbó su propuesta para el indulto, ya que podría considerarse un caso de corrupción, según el Gobierno. Por ello, los distintos grupos municipales fueron consultados durante la misma mañana del viernes de forma urgente sobre su opinión de si veían bien que se le concediera el indulto, para trasladar la decisión que tomasen al Consejo de Ministros, ya que en Madrid querían conocerla.

Según explicaron las fuentes consultadas por este periódico, ninguno de los grupos municipales se mostró en contra de que se otorgase esta medida de gracia al condenado. De hecho, algunos de los portavoces de los partidos llegaron incluso a preguntar a los responsables sindicales de la EMT sobre su opinión de que se indultase a esta persona. Nuevamente, nadie se opuso.

La carta

Sin embargo, el respaldo fue más allá. Las mismas fuentes aseguraron que la EMT llegó a enviar una carta al Ministerio de Justicia en la que explicaba la relación laboral con el procesado y en la que concretaba que tampoco se mostraba en contra de que fuese liberado durante la procesión del Miércoles Santo.

Su abogado, Luis Ferrary, explicó ayer a SUR que se trata de un técnico que no contaba con ningún puesto político dentro de la EMT. Llevaba en la empresa unos 25 años y nunca estuvo ligado a ningún partido político ni ha tenido un cargo designado de esta forma, apuntó.

El ya exempleado de la sociedad, que lleva poco más de un año en prisión su condena es a tres, está casado y tiene dos hijos, el más pequeño de dos años de edad. Actualmente tiene unos 65 años.

El condenado debe hacer frente, junto a su mujer, de la responsabilidad civil que se le impuso en este caso, que asciende a 355.754 euros. Nunca se ha negado a ello, continuó su abogado, quien apuntó que el procesado reconoció los hechos durante el juicio y siempre se ha mostrado arrepentido.

Ferrary indicó que desde el primer momento se está cumpliendo con la responsabilidad civil que se ha impuesto, que ambos condenados deben satisfacer solidariamente. Para ello vendieron la vivienda en la que residían y, la mujer del procesado se fue a vivir de alquiler a otra casa más pequeña. El resto de las propiedades también han sido puestas a la venta para cumplir de esta forma con la condena impuesta por la Audiencia Provincial en su caso.