Sintel pagará 35 millones por retirar los cargos en su contra

A la espera de la decisión que adopte la Fiscalía Anticorrupción, el pacto podría evitar en principio la celebración del juicio oral por la quiebra de Sintel, que estaba previsto que comenzara en noviembre en la Audiencia Nacional, con ocho acusados sentados en el banquillo y peticiones de indemnización de hasta 296,5 millones de euros.

El presidente de la asociación de ex trabajadores de Sintel, Adolfo Jiménez, ha informado que los antiguos empleados "se dan por satisfechos" con el pacto alcanzado con MasTec y sus cuatro responsables, que se tiene que hacer efectivo antes del 4 de noviembre, coincidiendo con la fecha de inicio del juicio oral. Así, aunque el pacto ha sido firmado con la multinacional, sus propietarios (Jorge y Juan Carlos Mas Santos) y dos de sus directivos (Joel Tomas Citron y José Miguel Sariego), los empleados retirarán también la acusación contra los responsables de Sintel con los que no han negociado por su escasa capacidad económica (Ricardo Campos, Antonio Casanova, Alfredo Flórez y Pedro José Novela).

Todos ellos estaban acusados de insolvencia punible y en la mayoría de los casos también de apropiación indebida, delito societario y delito contra la Hacienda Pública, con lo que se enfrentaban a penas de prisión de hasta cinco años y seis meses de cárcel.

Los 35 millones cubrirá la indemnización

Los 35 millones de euros que abonará la multinacional MasTec cubrirán la indemnización por despido, el plan de pensiones y parte de los daños y perjuicios causados a los cerca de 1.800 empleados que se quedaron sin trabajo con la quiebra de Sintel, que fue declarada en suspensión de pagos en 2001 con un déficit de 59,3 millones de euros. Los empleados han propuesto a la Fiscalía Anticorrupción una fórmula de reparto que diferencie la compensación para los 470 trabajadores que se pudieron prejubilar y tuvieron una "continuidad de rentas" y aquellos que se quedaron en paro y sufrieron mayores penurias económicas.

La familia Mas y su sociedad MasTec, representados por el despacho Gómez-Acebo & Pombo, habían realizado hasta ahora un único acercamiento hacia los antiguos empleados de Sintel, que tuvo lugar en la primavera de 2010 con un ofrecimiento de una indemnización 10 millones de euros, que fue rechazada por los trabajadores. En su escrito de acusación, los empleados venían exigiendo 296,5 millones en concepto de daños y perjuicios, frente a los 115 millones solicitados por Anticorrupción, que contemplaba fundamentalmente las indemnizaciones a los trabajadores, aunque también compensaciones para los más de 1.700 acreedores de Sintel.

Telefónica vendió Sintel en abril de 1996 a la empresa MasTec Incorporated, propiedad de la familia Mas, a través de su filial MasTec International. Desde ese momento, los entonces responsables de la compañía fueron "descapitalizando" Sintel a través de varias sociedades, algunas de las cuales se cree que están domiciliadas en paraísos fiscales, dejando tras de sí a 1.788 acreedores y a 1.828 trabajadores afectados. En 2001, algunos de estos empleados estuvieron acampados durante más de seis meses en el "Campamento de la Esperanza", ubicado en el Paseo de la Castellana de Madrid para reclamar el pago de sus nóminas y que se levantó después de que aceptaran una solución propuesta por el Gobierno que incluía un crédito del BBVA que para pagar parte de los salarios que la empresa debía a los empleados.