Sobre la situación humanitaria en Nagorno-Karabaj y el bloqueo del corredor de Lachín

La suspensión absoluta de los suministros humanitarios desde el 15 de junio ha exacerbado la situación, creando un desabastecimiento crítico de comida, medicamentos, combustible y otros bienes esenciales. El pueblo de Nagorno-Karabaj está al borde de la inanición.

Este bloqueo inhumano ha tenido un impacto particularmente devastador en los sectores vulnerables de la población, particularmente en las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y enfermedades crónicas. Debido a la creciente falta de alimentos y vitaminas, 2.000 mujeres embarazadas, alrededor de 30.000 niños, 20.000 adultos mayores y 90.000 personas con discapacidad están luchando por sobrevivir en condiciones de desnutrición.

Los cortes, con meses de duración, del suministro de gas y electricidad a Nagorno-Karabaj paralizaron los servicios sociales y sanitarios, privando al pueblo asediado de sus derechos humanos fundamentales, incluyendo el derecho a la vida, la salud y la educación.

Como resultado de los bombardeos constantes y la falta de combustible, los trabajos agrícolas han cesado; alrededor del 70% de los trabajos agrícolas planificados quedaron incompletos.

La Corte Internacional de Justicia, en su decisión del 6 de julio, reafirmó la obligación jurídicamente vinculante para Azerbaiyán, establecida en su decisión del 22 de febrero, de tomar todas las medidas a su alcance para asegurar el movimiento irrestricto de las personas, los vehículos y los cargamentos por el Corredor de Lachín en ambas direcciones.

En medio de la situación que se está desarrollando, el Gobierno de Armenia decidió entregar un lote de alrededor de 360 toneladas de bienes humanitarios esenciales a Nagorno-Karabaj el 26 de julio.

La parte azerbaiyana, que continúa politizando la situación creada e intenta completar su política de limpieza étnica, ha prohibido la entrada del cargamento humanitario a Nagorno-Karabaj. Esta acción no solamente contradice a las disposiciones esenciales de la Declaración Tripartita del 9 de noviembre de 2020, sino también a las decisiones jurídicamente vinculantes de la Corte Internacional de Justicia del 22 de febrero y 6 de julio.