DE PERFIL CON LA INMUNDICIA

Manuel Castillo
MANUEL CASTILLOMálaga

Reconozco cierta frustración por el hecho de que todas las administraciones públicas implicadas, absolutamente todas, se pongan de perfil ante la noticia publicada por SUR de que emisarios submarinos realicen vertidos de aguas fecales a pocos metros de la costa de Nerja, de que en el fondo se acumulen nueve toneladas de toallitas, de que el Seprona considere el fondo marino nerjeño un «vertedero submarino descontrolado» y de que los análisis del agua avisen del riesgo sanitario por las bacterias fecales y del grave daño medioambiental.

La gravedad de los hechos, confirmados no sólo con informes oficiales, sino con imágenes de vídeo en las que se aprecian los vertidos de aguas sin depurar, hubieran merecido, al menos, un estado de alarma y la puesta en marcha de medidas de emergencia para intentar paliar ese desastre medioambiental con riesgo para la salud de las personas.

Para comprender este asunto concreto es preciso señalar que los ayuntamientos están obligados a estar vigilantes sobre el saneamiento de las aguas fecales y denunciar cualquier tipo de incidencia; la Junta de Andalucía tiene la responsabilidad de acometer obras de infraestructura para el saneamiento integral y depuración de las aguas residuales, y el Gobierno Central, en el caso de Nerja, es el encargado de realizar la obra de la depuradora -que acumula lustros de retraso- después de que su puesta en marcha fuese considerada de emergencia.

Ninguna de las partes ha cumplido con su misión y, lo más grave, es que presuntamente conocían los hechos desde hace tiempo e intentaron por todos los medios que no trascendiera a la opinión pública y no hicieron nada por evitarlo.

Y más aún, la Junta de Andalucía cobra a los ciudadanos (a través del recibo del agua) y a los propios ayuntamientos un canon de depuración para financiar estos trabajos. Sólo en Málaga han recaudado unos 200 millones de euros, pero la administración socialista en la Junta debió considerar que era mejor gastar ese dinero, lo cual además de una irresponsabilidad puede ser irregular. Miedo da pensar por qué no se invirtió ese dinero y en qué se pudo gastar.

Ellos, los políticos y cargos públicos, deben dar la cara y ponerse a gestionar, que es su obligación.

En estos casos es preciso poner cara, nombre y apellidos a los políticos que con su indolencia y pasividad permiten este desastre medioambiental por el que ya la Unión Europea impone anualmente sanciones multimillonarias.

Algunos nos recriminan que esto supone una mala imagen para el turismo. Basta pensar un poco en el beneficio general y a medio y largo plazo para darse cuenta de que lo mejor que le puede pasar a Nerja y a la Costa el Sol es que se denuncien estas situaciones. La prensa, y SUR en este caso, estamos para eso y no para ser complacientes ni con nada ni con nadie. Nunca debemos ponernos de perfil ni frente a la inmundicia ni frente a este tipo de desastres medioambientales y sanitarios. Esa es, al fin y al cabo, nuestra razón de ser.