EL 'PIN PARENTAL' Y LA MORAL
Ala hora de hablar del 'pin parental' falta sentido común y sobra dogmatismo. Cuando en un asunto como este entran en juego los derechos constitucionales, ... la moral, los valores y la ética parece evidente de que no caben respuestas maximalistas. Todo lo contrario. De hecho, la mayor parte de las personas solventes que opinan sobre este asunto coinciden en la necesidad de aportar sosiego y templanza. En una entrevista publicada ayer en 'El País' le preguntaban al catedrático malagueño de Derecho Constitucional Ángel Rodríguez si era constitucional el veto parental y la respuesta, en mi opinión, fue muy rotunda: depende. Eso refleja la dificultad de afrontar este tema y la cautela con la que se debería actuar. De hecho, Rodríguez defiende que, además de prematura, la polémica sobre el 'pin parental' es, sobre todo, política.
No extraña que el artículo 27 de la Constitución Española que regula este derecho a la Educación fuese uno de los más complejos de redactar y aprobar e incluso estuvo a punto de romper el consenso constituyente. El apartado 3 dice: «Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones».
Con esta premisa, la propuesta de VOX de aplicar este 'pin parental' pudiera no parecer fuera de la Constitución, sobre todo si las actividades, cursos o talleres sujetos a la aprobación parental fuesen extracurriculares y no referidas al currículum o el sistema educativo, que como dice el consejero de Educación Javier Imbroda, «siempre deber estar por encima».
Pero al mismo tiempo se plantean algunas dudas. La primera de ellas, sugerida por el abogado malagueño José Luis de Castro, «puede que los constituyentes fueran demasiado lejos al garantizar el derecho de los padres a que los hijos reciban formación religiosa y moral conforme a sus convicciones. Todo depende de lo ancho o lo estrecho que queramos considerar el concepto de moral. Las convicciones de los padres sobre la igualdad son de carácter moral (y en este punto no parece que pueda tener relevancia que la transmisión se produzca en el ámbito curricular o en el extracurricular)». Esto conecta con el apartado 2 del art. 27: «La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades fundamentales».
Entiendo que entra en juego un elemento esencial en este debate: los contenidos y los conocimientos. Un niño no puede ser privado por los padres de conocimientos sobre sexualidad, diversidad o igualdad, aunque esos padres sí pueden intervenir en el terreno moral de esos conocimientos. Todo depende.
Se puede concluir que esta polémica -«que se está yendo un poco de madre», como dice Imbroda- requiere un debate fino y sereno. Y hoy por hoy se está afrontando por el Gobierno, VOX y el resto de partidos políticos con brocha gorda. Es como poner a un matarife en un quirófano de neurocirugía.
De hecho, es una inconsciencia que el propio Gobierno haya echado leña al fuego en este debate de la propuesta de VOX al decir que los hijos no son propiedad de los padres, porque alguno puede concluir que si no son propiedad de los padres lo son del Estado. El ex diputado de Podemos Alberto Montero, incidió ayer en este detalle: «¿Y si en lugar de centrar el debate en el terreno absurdo de la propiedad lo centramos en los contenidos sobre los que los padres quieren vetar una educación que resulta básica para su condición de ciudadanos?».
El problema es la desconfianza. Ambas partes (los que están a favor y los que están en contra) temen el adoctrinamiento de los niños. Lo que demuestra que la Educación siempre debería estar al margen del debate y del enfrentamiento político. Por el bien de los niños y de nuestro propio futuro.
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