El negociazo de las viviendas... para las administraciones
Esta campaña electoral va a pasar a la historia por la de las viviendas. Los partidos han empezado una carrera para demostrar quién ayuda más ... al abaratamiento de las mismas. Ya se ha abierto la veda contra los propietarios, mientras los mayores beneficiarios de la compraventa de las mismas se están yendo de rositas, porque desde los altavoces públicos no se dice nada. Me refiero a las administraciones que no paran de facturar dinero con el negocio inmobiliario. Vean. Para empezar, cuando un promotor compra un suelo para levantar un edificio ya tiene que pasar por caja y abonar el 7% del valor del mismo a la Junta por transmisiones patrimoniales. Vale. Una vez que se decide a construirlas tiene que abonar primero la tasa por la licencia (aproximadamente 10 euros el metro cuadrado) y después el ICIO (impuesto de construcción), que está cifrado en el 3,8% del valor real de la misma. Vale. Una vez que las venda tiene que pagar otra vez al Ayuntamiento por la plusvalía. Vale. Pero la cosa no se para aquí, porque el promotor tiene que pagar un 1,2% por obra nueva y esa misma cantidad por la división horizontal. En estos casos la que pone la mano es la comunidad autónoma de turno, en este caso la Junta de Andalucía. Ya vale otra vez. Y falta por cobrar, cómo no, la administración central, pues no se iba a quedar fuera del festín impositivo de la compraventa de viviendas. Al Estado le pagan los nuevos propietarios un 10% de IVA en los casos de vivienda recién edificada. Ya está bien ¿no? A esto hay que unir el impuesto de sociedades que deben abonar a final de año si la constructora en cuestión o la promotora obtiene beneficios. Y no hay que olvidarse del IBI, que le acompañará toda la vida. No está mal, ¡eh! O sea, que recaudan en general cientos de millones al año. Está claro que con estos emolumentos podrían hacer algo más, por ejemplo que la hipoteca de las viviendas puedan volver a desgravarse, como ocurría hasta el año 2013, en el IRPF, o que eliminen o rebajen algunos de los impuestos antes mencionados. O sea, que arrimen el hombro en este sentido. Por eso resulta chocante que las administraciones no levanten VPO para ayudar a las familias más necesitadas y pongan el foco en los propietarios de las mismas para intentar solventar el problema. A estos se les impone un tope en las subidas de los alquileres y en caso de impago tienen que investigar si los arrendatarios son o no vulnerables para intentar desalojarlos. El mundo al revés. En la campaña de las municipales tanto el candidato del PP, Francisco de la Torre, como el del PSOE, ya han puesto sus ojos recaudatorios en los propietarios de las viviendas turísticas, unas personas que en pleno ejercicio de su libertad han decidido poner sus inmuebles en alquiler para turistas. Es decir, para ejercer una actividad legal por la que han tenido que obtener sus permisos correspondientes, ya que tienen que pasar una serie de requisitos. No hay que olvidar que por estas rentas pagan después su correspondiente IRPF, como no podía ser de otra manera. Pues bien, el actual alcalde quiere imponerles una tasa por el hecho de poner sus viviendas (a partir de dos) en alquiler turístico. Visto así, parece un agravio para los que ponen su piso en alquiler de larga duración. De la Torre también les quiere crujir de una manera especial con la tasa de basura, cuando en teoría los turistas que habitan en estas casas no parece que generen más residuos que los ciudadanos malagueños, sino más bien todo lo contrario, pues salen más a comer y cenar fuera. Sobre este aspecto habría que preguntarse si el Ayuntamiento rebajaría esta tasa cuando la vivienda esté vacía, es decir, cuando no haya turistas que generen residuos...Por su parte, Dani Pérez quiere cobrar seis euros por persona y día por cada turista que esté en una vivienda de alquiler. O sea, que una familia de cuatro personas tendría que pagar 24 euros al día. Sí he dicho bien, lo pagaría la familia, porque hay que ser muy bisoño para creerse que el propietario del inmueble, que es el que tendría que pagar esta especie de tasa, no lo iba a repercutir en el precio del alquiler de la vivienda, o acaso se le va a decir a cuánto tiene que ponerla en el mercado de alquiler...Ya está bien de responsabilizar en los demás la inacción de las administraciones, que es la que tiene que poner VPO en el mercado además de poner la mano para cobrar. Eso del yo invito y tú pagas empieza a estar demasiado visto. Ya vale.
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