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Es difícil escribir de este asunto en medio de tanto fango y tanta desinformación. Pero vamos a ello. Y lo intentaremos hacer sin el saco de adjetivos que podríamos derramar en esta página por todo lo ocurrido esta semana en el Congreso de los Diputados ... después de que el Real Decreto ómnibus con el que el Gobierno quería aprobar de golpe una batería de medidas que gozan del respaldo unánime y, de rondón, unas cuantas más para las que no tenía, siquiera, suficiente apoyo. Por decirlo de forma coloquial, Pedro Sánchez quiso poner a todos los partidos –especialmente al PP– contra la espada y la pared. Y para ello no tuvo reparos en utilizar a los jubilados, los afectados por la dana, los estudiantes y los trabajadores que utilizan el transporte público. Sobre el papel, sentados en alguna sala del Palacio de la Moncloa, les tuvo que parecer una buena idea, pero la realidad es que el Gobierno ha quedado al descubierto y la bofetada que pretendía dar a sus rivales les puede impactar como un bumerán.
Vayamos por parte entonces. La realidad es que la revalorización de las pensiones, las ayudas a los afectados por la dana y las bonificaciones del transporte público tienen la unanimidad del arco parlamentario. Hubiera bastado llevarlas por separado o en un paquete conjunto para que todas esas medidas estuvieran hoy aprobadas. Pero no, Sánchez quiso aprovechar la trascendencia de estas medidas para conseguir sus objetivos con otras propuestas. No tiene justificación que el Gobierno pretenda regir a golpe de Real Decreto Ley con el único objetivo de saltarse procesos, tramitaciones y limitar la acción de la cámara legislativa. Es el presidente desde la Transición que más utiliza esta medida que, de por sí, y como dice la propia regulación, tiene un carácter excepcional.
Quiere decir entonces que el Gobierno podría haberse ahorrado este espectáculo y, sobre todo, haberse asegurado la atención y protección de los pensionistas, los afectados de la dana y los usuarios del transporte público. Todo lo contrario; los ministros del Gobierno y los cargos públicos del PSOE salieron en tromba para culpar al Partido Popular de tumbar el Real Decreto ómnibus. No cuela. La forma en la que se ha planteado todo este asunto ni siquiera ha confundido a los propios jubilados.
De hecho, Junts, a través de Carles Puigdemont, y el PP se han apresurado en aclarar que esas iniciativas hubieran recibido su voto favorable si se hubiesen presentado por separado.
Así que todo vuelve a la casilla de salida. Sólo se precisa voluntad política y responsabilidad del Gobierno para que los jubilados tengan en febrero sus pensiones revalorizadas, para que los valencianos arrasados por la dana tengan sus ayudas y para que las bonificaciones en el transporte público vuelvan a estar vigentes. No es difícil y mucho menos imposible. Se trata tan solo de gestionar en base a las reglas democráticas.
Y en medio de todo este barro, algunos medios de comunicación –otrora radios y periódicos conocidos por ser referentes en este país– y periodistas debieran hacérselo mirar porque están arrastrando los principios y valores de esta profesión por el lodo. La defensa que hacen del Gobierno y de Pedro Sánchez resulta en algunos casos sonrojante y, lo peor de todo, contribuye a la desinformación. Sí, también ocurre en otros casos y en la otra acera ideológica, pero ahora, qué pena que tengamos que aclarar esto, estamos hablando de este caso.
Si algo está ocurriendo en España en los últimos años es que el Gobierno está difuminando las líneas básicas y diría que rojas de la convivencia y de la gestión política hasta límites inimaginables hace poco tiempo. El todo vale y la confrontación parecen no tener límites, con la única satisfacción de que los ciudadanos, sea cual sea su ideología, empiezan a no creerse casi nada. Se les ve venir.
Y anda tan loco el mundo que todo este ambiente no hace más que favorecer el enfrentamiento y el fortalecimiento de posturas extremas. Uno escucha, lee y ve a algunos políticos, tertulianos y opinadores y se pregunta con inquietud en manos de quiénes estamos. Porque da la (mala) sensación de que la agenda pública y política esta llena –con algunas excepciones– de monos con fusil. Y ya se sabe el riesgo que eso tiene.
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