Muchas palabras y pocos hechos

Pero lo difícil es pasar de la teoría a la práctica y en estos tiempos asistimos a una realidad que, por cierto, nadie quiere reconocer: ninguna administración pública, ni central ni autonómica ni local, ha visto venir los graves problemas de la vivienda, la sequía y la movilidad. En unos casos por indolencia de los cargos públicos, como es el caso del retraso histórico en las obras hidráulicas para prepararse para la falta de lluvias, y en otros como resultado de la incompetencia, como ocurre con la vivienda, abandonada durante los últimos 20 años por las administraciones –en esos 20 años la Junta construyó en Málaga 90 pisos– o la movilidad, ignorada por el Gobierno pese a las evidentes señales y llamadas de atención.

Por todo eso es importante que los ciudadanos no nos dejemos deslumbrar por discursos grandilocuentes o actitudes aparentes. Hay que rascar y ver lo que hay detrás de todo eso, porque muchas veces hay cosas muy diferentes de las que creemos ver.

La principal causa de la crisis de la vivienda es que durante más de 20 años las administraciones –especialmente la Junta de Andalucía en la etapa del PSOE, que es la que tiene las competencias– han ignorado por completo el mandato constitucional de garantizar el acceso a la vivienda. Es verdad que el Ayuntamiento de Málaga construyó en esos 20 años unos cinco mil pisos, pero eso no les exime por completo de su porcentaje de responsabilidad.

Luego, cuando llegan las elecciones, a todos se les llena la boca de promesas huecas que llegan a avergonzar, cuando no a indignar. Y como en este país el hecho de que un político no cumpla su palabra no tiene la menor importancia pues así nos va.

Que nadie nos trate de despistar, el problema es que si durante tanto tiempo no se ha construido vivienda protegida es normal la alarmante falta de oferta que hay en estos momentos. Lo mínimo que se les puede exigir es que remienden sus errores y se pongan manos a la obra. Y la declaración en Málaga de la emergencia habitacional o la agilización de la escandalosa ralentización de los requisitos administrativos puede ser una solución para, al menos, avanzar en algunas soluciones. Veremos cómo reaccionan todos aquellos que en campaña prometieron miles y miles de pisos en Málaga, algunos más preocupados en acusar al de enfrente que en reconocer sus errores.

Es verdad que ahora las administraciones sienten la presión ciudadana por la crisis de vivienda, pero han llegado demasiado tarde.

Y con la movilidad pasa otro tanto de lo mismo. El Gobierno sale ahora invitándonos a compartir coche cuando lo que hace falta, desde hace muchos años, son carreteras capaces de absorber todo el tráfico, por ejemplo, de la zona oriental de la provincia. Ya desde antes de la pandemia se venía alertando de lo que pasa hoy, pero en Moncloa han hecho siempre oídos sordos. Con los trenes de cercanías ocurre igual: un abandono increíble de la línea más rentable de España, con un grave perjuicio para los miles y miles de ciudadanos que necesitan a diario ese transporte público.

Y así podríamos estar páginas y páginas escribiendo sobre los incumplimientos, negligencias, errores y agravios cometidos por las administraciones, más preocupadas en parecer que en ser, en vendernos que todo va genial cuando se ven síntomas de que va fatal, en hacernos creer que son imprescindibles y necesarios. Luego, cuando llegan los malos tiempos, en forma de sequía, de caravanas, de retrasos en los trenes, de falta de vivienda, nos damos cuenta de que todo, o casi todo, es de cartón piedra. Y para entonces ya no hay remedio. Que no nos cuenten milongas y que de las palabras pasen de una vez por todas a los hechos.