El día después de la amnistía

Porque lo que más puede perturbarnos es no saber cómo va a ser el día después, cómo va a ser la mañana siguiente de la futura ley de amnistía y después de todas las concesiones que Pedro Sánchez y el PSOE han realizado al independentismo catalán y también al vasco. Y lo peor de todo es que es difícil preverlo y mucho más, adivinarlo. Lo que sí es evidente que se han fisurado los principios de igualdad y solidaridad entre los españoles, estableciendo un Estado a dos velocidades.

La cuestión es calibrar, y eso es lo difícil, la trascendencia de las actuaciones que desde el Gobierno se están llevando a cabo y su impacto en nuestro modelo de Estado y de convivencia. Es verdad que los ciudadanos tenemos otros problemas que, incluso, pueden preocuparnos más –llegar a fin de mes, pagar el alquiler o la hipoteca, etc.–, motivo por el que, a veces, se expresa cierto hartazgo o desidia ante tanto embrollo político, pero ello no debería impedir tomar conciencia de los riesgos y peligros que acechan al actual sistema de convivencia. Y quizá el mayor de ellos es que hay un sector de la población que no se siente cómodo, precisamente, con este modelo de convivencia, ni con las fronteras ni con las identidades. Por eso creo que el árbol de la amnistía no deja ver bien el bosque, que no es otro que el del secesionismo. Hoy, más que nunca y debido a los intereses de Pedro Sánchez y el PSOE, el Estado está más débil que nunca frente a las presiones independentistas.

La amnistía es un despropósito objetivo desde el momento que su motivación es simplemente el interés de Pedro Sánchez por seguir en Moncloa y asegurarse los votos de Junts y Esquerra. Y eso es lo que invalida cualquier argumento a favor de esta medida. Si Sánchez y otros destacados miembros de su Gobierno y su partido –María Jesús Montero o Salvador Illa, entre otros muchos– defendían hace tan solo unas semanas que la amnistía y el referéndum era anticonstitucional e imposible en España, no hay forma de justificar días después su conveniencia. Porque lo grave no es que se anulen los delitos y las decisiones judiciales, sino la irrupción en la separación de poderes que garantiza nuestra democracia. El hecho de que jueces y fiscales alerten sobre el impacto de la amnistía debería hacer reflexionar a todos. Pedro Sánchez y el PSOE quieren acaparar en sus manos y por sus intereses todos los poderes del Estado. Y eso sólo tiene un nombre, por grueso que nos pueda parecer. Porque ese párrafo del acuerdo con Junts sobre el «lawfare» y judicialización de la política no es más que la intromisión en el Poder Judicial, cuando precisamente una de las funciones de este Poder Judicial es controlar al resto de poderes del Estado.

La realidad, reconozcámoslo, es que las decisiones de Sánchez y el PSOE hacen pensar que ven viable una España diferente a la actual, con territorios independizados de facto, porque de otra forma no se pueden entender las concesiones en materia de gestión económica, política y de infraestructuras. Sólo el hecho de que el Estado de España reconozca la mediación internacional con Cataluña significa un aval para las aspiraciones secesionistas.

El problema, insisto, no es lo que pase hoy o mañana, sino lo que ocurre dentro de cinco o diez años. Hay que recordar que el secesionismo catalán no ha dado ni un paso atrás en sus pretensiones independentistas. Y ahora se sienten aun más reforzados para avanzar. Es evidente la legitimidad de cualquier aspiración independentista en España, pero dejan de tenerla cuando esas aspiraciones se saltan la ley y la constitución. Es entonces cuando asistimos a una agresión al Estado. Lo triste de todo esto es que son Pedro Sánchez y el PSOE los que han abierto la posibilidad de ese atropello. Si PSOE y PP hubieran alcanzado el acuerdo y el pacto que desean muchos ciudadanos de este país, hoy habría un Gobierno sólido y estable, los condenados del procés estarían cumpliendo sus penas, Puigdemont seguiría perseguido por la Justicia, las estructuras del Estado estarían reforzadas y los principios de igualdad y solidaridad entre los ciudadanos y los territorios seguirían intactos. Pero todo eso ha saltado por los aires por los delirios de Sánchez y del PSOE, un partido con muchas posibilidades de refundarse, si no lo ha hecho ya, como un partido absolutamente diferente al que ha sustentado durante muchos años la democracia de este país. Porque nada más investido, Sánchez iniciará un proceso congresual provincial, regional y federal con el que aspira a conseguir todo el poder orgánico para convertir el PSOE en algo irreconocible.

Porque se puede pensar en otra España, incluso en Cataluña o el País Vasco como regiones independizadas, pero lo que nunca se puede aceptar es un asalto a las instituciones del Estado, a la división de poderes, a la Constitución y al sistema de convivencia simplemente por el conchabeo de unos políticos dispuestos a vender lo que haga falta simplemente por seguir en sus poltronas. Y en eso, los cargos orgánicos del PSOE, incluidos los de Málaga y Andalucía, tienen mucho que decir y que hacer más allá de aplaudir al líder todopoderoso.