El colapso regulatorio
España va camino del medio millón de leyes en un alarde de profusión normativa que ya tiene efectos negativos en el empleo y la productividad y que deja varados muchos proyectos, como ocurre en Málaga
Si algo hacemos bien en España es crear leyes en un endiablado alarde normativo desde que comenzó la democracia y que empieza a tener efectos ... negativos en el empleo y en la actividad empresarial. Lo peor es que, lejos de relajarse, este furor regulatorio sigue al alza, especialmente desde la pandemia. Da la impresión de que cualquier gobierno, sea nacional, autonómico o local, no se siente realizado si al final de su legislatura no ha impreso algunos millones de páginas en los boletines oficiales.
El entramado es tan complejo que ni siquiera es fácil explicarlo.A eso que a los cargos públicos les gusta denominar «marco regulatorio», que es lo mismo que un infierno normativo, hay que sumar todo un bosque de informes sectoriales que convierten cualquier iniciativa o proyecto en una carrera de obstáculos, la mayoría de las veces insalvable.
Sepa usted que para desarrollar cualquier iniciativa, por ejemplo en Andalucía, hay que cumplir, a veces, con hasta decenas de informes sectoriales que tienen como objetivo salvaguardar que el citado proyecto se ajuste a la normativa y que se refieren a materias como medio ambiente, carreteras, costas, aguas, patrimonio histórico, zonas inundables, vivienda, salud, navegación aérea, telecomunicaciones, igualdad entre hombres y mujeres o infancia. También los hay de vías pecuarias, de protección de la naturaleza, de accesibilidad, de emergencias, de memoria histórica, de paisaje, de residuos, de ruido, de bienestar social y unos cuantos (muchos) más.
El problema no es la existencia de estos requisitos, imprescindibles para que no impere la ley de la selva, sino la forma en la que se aplican, porque la mayoría de ellos tienen sus plazos de elaboración, de aprobación provisional, inicial o definitiva... unos son preceptivos pero no vinculantes, otros son vinculantes o determinantes. Y claro, esta tupida red administrativa atrapa como una araña y condena cualquier iniciativa a años de tramitaciones. Me vienen a la memoria proyectos en Málaga cuyo desarrollo administrativo se cuenta por lustros y decenios.
Cómo será la cosa que el propio Banco de España publicó el informe 'Los efectos económicos sectoriales de la complejidad normativa: datos de España', en el que llega a decir que elevar la regulación un diez por ciento recorta un 0,5 por ciento el empleo. El informe añade que «una mayor complejidad normativa tiene un efecto negativo sobre la tasa de empleo y el mismo efecto dañino sobre el valor añadido».
El motivo es que cada vez son más los recursos empresariales que se destinan al cumplimiento de la legislación vigente, lo que provoca además una mayor litigiosidad y aboca a una ralentización en el funcionamiento de la justicia. «Las empresas deben destinar un mayor presupuesto a la gestión de los riesgos burocráticos y jurídicos, implica desviar recursos que las empresas deberían consignar al aumento de su capacidad productiva», se puede leer además en el informe 'El lastre de la duplicidad normativa en España', elaborado por Foro Regulación Inteligente.
Esta maraña administrativa se complica aún más en función de la eficacia política y de la lealtad institucional entre administraciones. Cuando la bronca política se expande, la gestión se paraliza y con ello la consecución de los proyectos. Así, en Málaga hay una retahíla de iniciativas que llevan años de cajón en cajón y que debería hacernos pensar. Con suerte van dando pasos de tortuga que acumulan ya muchos años de tramitación. El proyecto de la integración urbana del cauce del río Guadalmedina, el solar de los antiguos cines Astoria-Victoria, la torre del Puerto, el desarrollo de los terrenos de Repsol, los bloques de oficinas en el muelle 4 del puerto, la marina en la explanada de San Andrés, la actuación en la playa y el entorno de los Baños del Carmen, la mejora del tren de Cercanías, el tren de la Costa del Sol hasta Estepona, el Eje Litoral en el Paseo de los Curas, el desdoblamiento de la carretera de la muerte en Coín, el soterramiento del acceso ferroviario al Puerto, el acceso norte al aeropuerto, la segunda ronda del Rincón de la Victoria o el tercer hospital, del que se lleva hablando dos decenios, son sólo algunos ejemplos.
Málaga lleva ya muchos años sin inaugurar proyectos públicos de relevancia, tanto en la ciudad como en la provincia. Los últimos que recuerdo son el soterramiento de San Pedro, el Muelle Uno o la peatonalización de la Alameda. Seguiremos esperando que otros proyectos de calado, necesarios para el desarrollo de la provincia, salgan a flote en este mar burocrático donde naufragan tantas promesas.
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