Hermana jueza, yo sí te creo...

Para sentarse en un Consejo de Ministros hay que estar preparado y si no se tiene la formación jurídica suficiente, hay que contar con un equipo que alerte de las consecuencias de sus actuaciones o al menos tener la humildad de aceptar lo que le dice una institución como el Poder Judicial. Un Consejo de Ministros no es una asamblea de instituto. La ministra debe saber, por ejemplo, que las leyes tienen carácter retroactivo cuando beneficien a los reos y que hay un artículo en la Constitución, el 117, que establece que los jueces están sometidos al imperio de la ley, la ley que aprueba el Parlamento, y que no tienen que tener en cuenta ninguna vaina por cuestión de género. O sea, que lo que hacen es acatar la maravillosa ley que ha impulsado ella.

A lo largo de la geografía judicial española ya se están produciendo bajadas de penas y excarcelaciones y ¡oh, casualidad! no se ven batucadas a las puertas del Ministerio de Igualdad clamando por este asunto al grito de «¡Aquí están las feministas!» La mayoría de las resoluciones están firmadas por juezas, más que nada, porque la judicatura está bastante feminizada. Hay más mujeres que hombres vistiendo la toga, aunque a éstas también se las tilda de machistas. Aquí todo 'quisqui' es machista si no se sigue a pie juntillas la doctrina podemita. Por eso la ministra quiere comerles el coco, como ocurría en aquellos campos de reeducación que se impulsaban en la China de Mao Tse Tung, para que estén debidamente formados. Se ve que no son suficientes los cursos específicos que ya hacen los magistrados que entienden de asuntos de violencia de género. O sea, que no le valen los años de estudios que tienen que pasar los jueces para aprobar las oposiciones y el estudio continuo que deben hacer para estar al día de las novedades legislativas. Porque eso es lo que tienen que hacer y no caer en perspectivas de ninguna clase para poder cumplir el mandato constitucional de que todos los españoles son iguales ante la ley sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

El problema es que este tipo de ataques a la Justicia no es nuevo. En esta legislatura se está produciendo una inusual disputa entre los poderes Ejecutivo y Judicial, un enfrentamiento que para nada favorece la salud democrática del país. Hay un intento descarado de controlar a los magistrados, debido a que estos no están siendo dóciles en asuntos como los indultos, en donde se opusieron de una manera frontal a dejar en libertad a los golpistas catalanes. Tampoco gustó la sentencia del caso ERE, de ahí que la reacción del Gobierno sea impulsar una modificación de la malversación para aliviar la pena de Griñán. O sea, legislar 'ad hoc' para favorecer a los amiguetes, toda vez que los tribunales han hecho bien su trabajo al aplicar la ley. Aquí está la clave de todo.

El Gobierno puede hacer lo que considere para cambiar las normas, pero tiene que apechugar con sus consecuencias y no querer justificar todos los cambios en que lo hacen porque hay una aspiración social a esas modificaciones. Eso no se lo cree nadie. La mayoría de asociaciones judiciales han pedido la dimisión de la ministra Montero, que ha demostrado que no tenía valía para sentarse ahí. Los jueces no son los culpables de sus desaguisados. Los jueces son profesionales bien formados. Hay que confiar en ellos. O como diría más de una: hermana jueza, yo sí te creo...