Una gestión del agua propia de un Estado fallido

Todos los países desarrollados tienen planes de contingencia para que estos tres sectores estén garantizados en caso de crisis, como puede ser una guerra o para evitar actos terroristas, para que la población no tenga problemas en bienes que indudablemente son de primera necesidad. La energía y el transporte en España están garantizados por el Gobierno. El agua, sin embargo, no. Llevamos décadas y décadas para llevar a cabo los ansiados trasvases de las zonas húmedas del país a la seca. Y no hay manera. Aquí, sin ir más lejos, también está paralizado el trasvase del pantano de Iznájar. Gobierno y Junta están en una pelea permanente para ver quién tiene que dar el paso primero.

Y es que no quieren asumir esa responsabilidad ante los ciudadanos de la zona, que de una manera egoísta no desean que se lleve el agua del pantano a otros municipios que la necesitan. Eso es humano y hasta legítimo, pero las administraciones tienen que estar por encima de eso porque tienen la obligación de velar por el interés general y éste pasa por garantizar el agua para todos los ciudadanos. El agua además no se puede ver sólo como un bien para beber, que sin duda es lo primero que hay que garantizar, sino como un valor esencial para la economía. En la Axarquía, por poner un ejemplo, se ha frenado la expansión del cultivo de subtropicales por falta de agua, pese a ser muy rentable. También sería especialmente grave para el turismo, debido a que las restricciones de agua en los hoteles y en las viviendas turísticas no son precisamente un buen reclamo para que la genta decida pasar sus vacaciones aquí. La propia Junta cifra la ruina que nos puede venir encima si no se da una solución urgente ante la sequía, ya que apunta que el PIB andaluz puede caer nada menos que un 30%. Esto es gravísimo. Ruina para miles de familias.

Ahora se están llevando a cabo soluciones de urgencia por la vía de la desalación de pozos, la instalación de desaladoras portátiles e incluso con la contratación de barcos cisternas. Está bien que se lleven a cabo estos proyectos, pero hay que tener altura de miras y ofrecer a los ciudadanos una solución permanente. El problema es que a nivel nacional no se habla nada de esto. Todos los esfuerzos del Gobierno están dedicados a la ley de amnistía para que no le llegue el agua al cuello a Puigdemont. Parece que no importa que no le llegue el agua a los ciudadanos de las zonas más secas de España. No hay debate sobre los trasvases que siempre genera rencillas entre habitantes de distintas comunidades. España ha completado ya casi medio siglo de democracia y no ha resuelto este problema, que siempre se ha solucionado mirando al cielo. Pero parece que las lluvias no llegan. Llama la atención que ante el evidente cambio climático se esté llevando a cabo la tan cacareada Agenda 2030, que por desgracia se ha olvidado de algo fundamental, que no es otra cosa que garantizar el agua para todos. No hay nada más democrático y sostenible que eso. A día de hoy en nuestro país la gestión del agua es propia de un Estado fallido. Así de claro y así de triste. Nada, a esperar que llueva. Como siempre.