Día Mundial del Refugiado

A lo largo de 2022, un total de 118.842 personas solicitaron asilo en nuestro país, convirtiéndose de nuevo en el tercer país europeo con más peticiones, solo por detrás de Alemania y Francia. Al menos 108,4 millones de personas en todo el mundo se han visto obligadas a huir de sus hogares. Es el caso, por ejemplo, de la población refugiada palestina, que representa una tercera parte de las personas refugiadas en el mundo, constituyendo además el grupo de población que más tiempo ha permanecido en el exilio. Según la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, en 2012 se contabilizaron un total de 4.919.917 personas refugiadas palestinas en Jordania, Líbano, Siria y los Territorios Ocupados Palestinos (Gaza y Cisjordania). En total, cerca de 2,5 millones de personas sirias han tenido que abandonar sus hogares a causa del conflicto, de las cuales más de medio millón se encuentran en Líbano y aproximadamente 475.000 han encontrado refugio en Jordania. En Colombia, según fuentes oficiales del gobierno colombiano, la población desplazada por el conflicto interno asciende a 5.701.996 personas. Respecto a la población saharaui, todavía hoy decenas de miles de personas se encuentran en una situación de refugio, viviendo en la zona desértica de Tindouf (Argelia).

Pero también a nuestra ciudad han llegado numerosas personas refugiadas, que se enfrentan a numerosos problemas burocráticos, sobre todo si prospera o no su petición de asilo.

Pero al albur del Día Mundial del Refugiado se ha añadido una nueva dificultad derivada del nuevo Pacto Europeo de Migración y Asilo, firmado el 12 de abril, que refuerza las políticas de externalización de fronteras y los retornos a terceros países, donde la vida de estas personas corre peligro. Un acuerdo que permitirá imponer más obstáculos para acceder al derecho de asilo y más facilidades para que se vulneren los derechos humanos en las fronteras.

Las organizaciones proinmigrantes, que han hecho un análisis exhaustivo de los reglamentos consensuados, consideran que la UE ha fracasado en su objetivo de lograr una mayor armonización normativa y establecer un reparto más equitativo de las responsabilidades de asilo. El acuerdo con Turquía en 2016 marcó el camino de los pactos que ha cerrado Bruselas desde entonces con el Estado fallido de Libia o con los regímenes dictatoriales de Egipto o Túnez. La UE riega con cientos de millones a estos países de origen y tránsito con el objetivo principal de frenar la migración. Todos estos acuerdos tienen una cláusula que exige el respeto de los derechos humanos, pero en Bruselas reconocen que es muy difícil rastrear el uso de los fondos que hacen las autoridades de destino.

Además el nuevo Pacto apuesta por un mecanismo de solidaridad a la carta. Por un lado, obliga a todos los miembros a contribuir, lo cual parece un avance, pero se establece la salvaguarda de que un país puede negarse a acoger su cuota con el pago de 20.000 euros por persona, es decir, que puede comprar su insolidaridad.

Este nuevo sistema puede convertir a las fronteras europeas en espacios de no derechos, en los que se normalicen condiciones de acogida deficientes y un uso excesivo de la detención, pese a que la privación de libertad debería ser siempre la última alternativa.

El nuevo Pacto Europeo sobre Migración y Asilo no aborda las principales deficiencias que desde hace décadas impiden la construcción de un verdadero Sistema Europeo Común de Asilo. Lejos de un enfoque garantista centrado en la protección de las personas, la reforma plantea graves riesgos para el derecho de asilo y los derechos humanos poniendo un especial foco en las medidas de externalización de fronteras y retorno a terceros países.