Crecer en igualdad

Tras más de diez años de crisis, los capitales y las grandes empresas no sólo se han aprovechado y utilizado a una población trabajadora que defiende su calidad de vida, sino que además han intentado responsabilizarla acusándola de: «Vivir por encima de sus posibilidades….»

Ningún 1º de mayo es igual al anterior. Aunque muchas reivindicaciones son una constante y entre ellas la necesidad de un empleo digno y decente. Este año vivimos un momento de inflexión económica, social y también laboral: es opinión unánime, y constatada con datos económicos, que los capitales y las grandes empresas tienen más beneficios que antes de la crisis. Incluso el 83% de las pequeñas y mediansa empresas, hoy están en mejor posición que antes de la crisis. Pero este trasvase de rentas del trabajo a rentas del capital, ha dejado muchos daños colaterales que los partidos políticos con representación parlamentaria no han resuelto aún. España es el cuarto país por la cola en desigualdad, mejorando sólo a Bulgaria, Letonia o Lituania. Cualquier otro país de la UE mejora la situación de desigualdad que sufrimos en España.

Nuestra situación es tan dramática, que además de injusta con una sociedad que ha perdido mucho, pone en riesgo la recuperación económica nacional, pues ni el 'Brexit', ni las políticas de EE UU, ni el petróleo, son variables que podamos corregir en ningún país. Por ello la UE nos alerta, y en este sentido leemos en los medios de comunicación: «Bruselas reprende a España por las elevadas tasas de desigualdad y pobreza», «10 datos que avergüenzan a España: Pobreza, salarios bajísimos y una brutal desigualdad», posición que se denuncia tanto desde la UE, como desde la OCDE o el propio FMI.

Málaga no se escapa de esta situación pues más de medio millón de malagueñas, en primer lugar, y de malagueños también malviven con ingresos que no superan los 700 euros mensuales: son 136.515 jubilados y jubiladas, más de 240.000 personas trabajadoras (el 41%), que sumadas a las más de 150.000 que conforman la población desempleada, confirman, tal y como vemos en los titulares de la prensa que: «La pobreza se cronifica en Málaga». Una pobreza femenina pues el 47,4% de las mujeres trabajadoras (126.321) en 2017 ingresaron menos del SMI de ese año.

Las políticas de austeridad con sus reformas han producido efectos escalofriantes en la población, a los que hay que poner fin con carácter inmediato. Por eso, este primero de mayo debe ser el inicio de un nuevo tiempo, en el que se erradique la desigualdad que ha provocado la avaricia de quienes se quieren llenar sus bolsillos a costa de la dignidad y la calidad de vida de la sociedad. Es momento de continuar con la defensa de los servicios públicos, salarios, pensiones, condiciones de trabajo,…

Para ello, derogar las reformas laborales y de pensiones que han provocado esta devaluación salarial y de empleo, debe ser la primera medida del próximo gobierno de la nación. Los partidos políticos no sólo deben defender la cohesión territorial de nuestro país sino la cohesión social de quienes vivimos en él. Es urgente garantizar al conjunto de la población trabajadora, un salario mínimo de 1.000 euros mensuales, cumpliendo el acuerdo alcanzado entre empresarios y representación sindical, unos ingresos mínimos de renta, un nuevo estatuto del trabajo, que el 0,7% que aportamos con nuestras nóminas para formación profesional, sea destinado a garantizar la cualificación en el proceso de revolución tecnológica 4.0, y sobre todo el refuerzo de la sanidad y la dependencia, ya que la población no sólo envejece sino que necesita más cuidados, y debe estar en las prioridades del nuevo gobierno.

La mujer ha soportado la crisis con más virulencia, y debe ser también la primera en recuperar derechos laborales o sociales. La lucha por la igualdad de género debe impregnar toda acción de gobierno promulgando leyes que lleven a la igualdad real, no sólo en salarios, sino en empleo, en condiciones de trabajo y en el conjunto de la sociedad, reconociéndoles la gran aportación que ellas realizan sin que hasta ahora hayan recibido nada a cambio y sí mucha discriminación.

No podemos finalizar sin hacer mención a las 652 personas fallecidas en el pasado año en accidente de trabajo, a quienes hay que sumar las que trabajan por cuenta propia, autónomos y autónomas que sufren las presiones de empresas contratistas que suelen enmascarar una relación laboral. Es necesario, no sólo aumentar la vigilancia sobre las empresas para la prevención de riesgos y enfermedades profesionales, sino impulsar campañas de denuncias y sensibilización.