Igualdad ante la ley. También para Banderas

El grupo municipal Málaga para la Gente se ha opuesto al proyecto respaldado por Banderas para el Astoria por no cumplir con la legalidad urbanística. Porque no es legal un proyecto que supera en tres plantas la edificabilidad máxima permitida en el PEPRI Centro, por lo que requeriría su modificación. Los proyectos concretos deben adecuarse a la norma general, no al revés, y la norma debe obligar a todos y todas por igual, incluido al señor Banderas.

Porque nos parece lesivo para las arcas públicas que la propuesta del señor Banderas reclame, para ser viable, una moratoria de diez años en el pago del canon al Ayuntamiento por la concesión de una parcela que nos ha costado 21 millones de euros. Y ello cuando su propio estudio de viabilidad económica prevé un beneficio de 31 millones de euros durante la concesión.

Además, a nuestro juicio, el uso planteado en el proyecto no satisface el interés general. No es lo que Málaga necesita, y merece, para la que es hoy la mejor parcela de la ciudad. Junto a un teatro de sólo 600 butacas (el cercano Teatro Cervantes tiene un aforo de más de 1.100 plazas), se prevé un centro comercial y gastronómico (a escasos metros del fracasado supermercado gourmet del mercado de la Merced), una tienda Starlite, y otra de la propia firma de Banderas.

Que nadie se deje engañar, las verdaderas razones de la renuncia de Banderas no son las expresadas en su carta ni en el artículo que las acompaña, sino otras muy distintas.

Probablemente, a los promotores no les salgan las cuentas del proyecto. Es evidente que el pronunciamiento de la Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía respecto a que habría que reducir edificabilidad y aumentar la superficie destinada a uso cultural, junto a la decisión del Pleno de la ciudad de exigir que se aportaran avales y se pagara un canon justo, disminuía sensiblemente las expectativas de beneficios.

Lo cierto es que hasta la semana pasada, los promotores buscaban empresarios malagueños potentes que participaran en la inversión necesaria para poder desarrollar su proyecto. Y es que, como explica el señor Banderas en su carta, él sólo pondría 250.000 euros anuales, y su nombre. Y probablemente Starlite, aún siendo una empresa de primer nivel, no estaba dispuesta a afrontar sola todo el riesgo de esa importante inversión en un proyecto poco claro. Parece que no lo consiguieron, o no le salían las cuentas, y decidieron retirarse ya hace días.

Y tomada esa decisión, deciden hacerlo jugando al victimismo, acusando a este portavoz y al grupo municipal Málaga para la Gente de insultos y trato humillante que nunca han existido. Se ha utilizado la fama y el cariño que en Málaga se le tiene a Banderas, para echarnos la gente encima a quienes, legítimamente, hemos criticado ese proyecto.

Vaya por delante que Banderas tiene todo el derecho de defender sus propios intereses, que son legítimos siempre que cumplan la ley, pero debe respetar también que quienes somos representantes públicos tengamos el derecho, y la obligación, de criticar y exigir el cumplimiento de la legalidad a un proyecto que es público y que transformará un espacio de gran importancia en la ciudad.

Pero la retirada del proyecto de Banderas para el Astoria no supone el final. Sin duda, habrá otros proyectos, y mejores, para el Astoria. En toda esta historia, lo único que Málaga ha perdido para siempre son los 21 millones de euros que dilapidó el alcalde en la compra de un edificio que no los valía. Recordemos que ese suelo estaba calificado como equipamiento cultural, y el alcalde modificó su calificación a residencial. Después cambió de opinión y decidió comprarlo a su propietario para destinarlo a uso cultural. Y como consecuencia de su indecisión e improvisación, tuvo que comprarlo a un precio desorbitado propio de un destino para residencial de lujo, no de equipamiento cultural.

Lo que procede ahora es retomar lo que en su día decidió el Pleno. La ciudad ha ganado tiempo para realizar un verdadero concurso de ideas, del que salgan distintas propuestas de uso y arquitectónicas, y sobre las más valoradas, realizar una consulta ciudadana. En otras ciudades hay ejemplos de consultas en las que la ciudadanía ha decidido sobre distintas propuestas realizadas por arquitectos y urbanistas. Porque el urbanismo no es, ni será nunca, una mera cuestión técnica, sino que la decisión acerca de a qué se destina el suelo, y en beneficio de quién, es algo en lo que la ciudadanía puede y debe participar. La enorme importancia de este espacio para Málaga lo merece.