Sin plan 'B' para la Feria de Noche

Hay diferentes maneras de abordar la situación. Están los que reconocen la realidad y la explican. Son los menos, lamentablemente. Están también los que actúan con cinismo y se pasan a defender con entusiasmo aquello que censuraban. Son los más. Y están también los que actúan con disimulo, mirando hacia otro lado, con la secreta intención de que el cambio de rumbo o la claudicación pacen desapercibidos.

El martes de la semana pasada la junta de gobierno del Ayuntamiento aprobó aceptar la cesión de los terrenos de la tercera fase de La Cañada para la celebración de la feria de San Bernabé. Lo hizo por trámite de urgencia y con un extenso informe del vicesecretario municipal en el que se advertía de que los terrenos tenían que ser recibidos en precario. Ya se conoce la prolongada batalla que Tomás Olivo propietario de la sociedad General de Galerías Comerciales, titular de los terrenos viene librando para que se reconozca su condición de suelo urbano consolidado, calificación que no aparece en el PGOU vigente pero sí en una sentencia del TSJA que de momento se encuentra recurrida ante el Tribunal Supremo por otra sociedad con intereses en la zona.

La hemeroteca es en ocasiones incómoda. Un año atrás, cuando el anterior equipo de gobierno anunció que la feria se celebraría provisionalmente en La Cañada mientras se construía un recinto ferial permanente en La Serranía, proyecto que se ha visto frustrado por la anulación del PGOU, la oposición de entonces criticó el acuerdo. El actual alcalde y entonces portavoz socialista, José Bernal, pidió que se aclarara el coste de la obra y se comprometió a devolver la feria de día al centro si alcanzaba la Alcaldía, como finalmente sucedió. Prudente, no asumió compromiso alguno en relación con la feria de noche. El portavoz de IU y actual edil de Movilidad, Miguel Díaz, fue más allá y aseguró que el acuerdo para celebrar la feria en los terrenos de La Cañada era «la constatación de un pacto por el que el empresario Tomás Olivo se ahorra más de 20 millones de euros en compensaciones a la ciudad».

Tan pronto como se vio abocado a la organización de la feria de este año, el actual equipo de gobierno adelantó que la de día volvería al centro de la ciudad. Y advertido de que las críticas del año pasado volverían como un bumerán si no se encontraba espacio alternativo para la de noche, exploró diferentes posibilidades que lo llevaron a descartar primero emplazamientos anteriores que hubiesen ocasionado una gran contestación vecinal, como el de Las Albarizas, y después otros que se plantearon como posibilidades que acabaron desechadas por falta de espacio suficiente o de infraestructuras, como el entorno del edificio del hotel Don Miguel.

A su pesar, el equipo de gobierno tuvo que regresar a donde no quería y volver a pedir los terrenos de La Cañada. Aprobó la cesión después de incluir el punto en el orden del día de la última junta de gobierno por la vía de urgencia y sin informar del mismo en la habitual rueda de prensa posterior. A no ser que tuvieran en mente celebrar la feria de noche de incógnito y con las luces apagadas, no se entiende por qué se eligió el camino de la opacidad. Cuando uno se equivoca o simplemente elige una opción indeseada porque no tiene otra, lo mejor es reconocerlo. Cualquier otro camino lleva al engaño y al cinismo.

Comisión Parlamentaria. Confusa citación de un asesor del alcalde

El próximo martes, el asesor jurídico del alcalde, Carlos Cañavate, se sentará ante la comisión del Parlamento de Andalucía que estudia el escándalo de los cursos de formación. Antes de recalar en el Ayuntamiento tras la investidura de José Bernal, Cañavate fue director general de Formación para el Empleo del Gobierno Andaluz, y en calidad de tal compareció como testigo ante la Guardia Civil el 4 de julio de 2014. Su testimonio abrió un nuevo frente en la causa en la que ya se investigaban los ERE fraudulentos y los cursos de formación, el de los consorcios de empleo de la Junta.

El testimonio de Cañavate fue clave porque reveló que a partir de 2007, seis años antes de que asumiera el cargo, comenzó a llegar tal volumen de dinero procedente de Europa para formar a parados que para evitar que no se pudieran renovar las ayudas por no haberse justificado el destino de los fondos anteriores se comenzó a eximir a los beneficiarios de la obligación de justificarlo mediante lo que se conoció como resoluciones de exceptuación. Esta posibilidad está prevista en la ley, pero lo que tendría que haber sido una práctica excepcional se transformó en habitual. Las consecuencias que tuvo aquella práctica son fáciles de deducir. El entonces director general aseguró que cuando llegó a su cargo se encontró con 950 millones de euros de ayudas a formación sin justificar.

Como era de esperar, tras la revelación de cómo había funcionado la gestión de los fondos antes de su llegada, Cañavate no duró mucho en su puesto. Ese mismo año fue destituido por Susana Díaz y el alto cargo de la Junta volvió a su despacho de abogado antes de que el Ayuntamiento de Marbella lo repescara como asesor jurídico del alcalde.

El caso es que ahora la comisión parlamentaria que investiga el fraude masivo en los cursos de formación quiere contar con su testimonio indudablemente valioso, pero al parecer hubo problemas para hacerle llegar la citación.

Según revelaron a este periódico fuentes parlamentarias, existieron dos intentos fallidos de comunicarle la convocatoria. Tal es así, que el parlamentario de Podemos que interviene en la comisión, el sevillano Juan Ignacio Yagüe, tuvo que comunicarse con el secretario local de ese partido en Marbella, Manuel González, para que intercediera y le hiciera llegar la citación. Finalmente, fue la concejala Victoria Mendiola, también de Podemos, la que hizo la gestión personalmente en la Alcaldía. En el PSOE aseguran que cuando la edil de Podemos se interesó por esta cuestión, Cañavate ya estaba avisado. En todo caso, el martes ofrecerá su testimonio ante la comisión parlamentaria. Habrá que esperar hasta entonces para saber si lo hará de manera tan locuaz como ante la Guardia Civil.

García Urbano. Las preguntas de la semana

Su dimisión como diputado después de haber encabezado la lista del PP en las últimas elecciones han puesto en el primer plano al alcalde de Estepona, José María García Urbano. El regidor ha preferido guardar silencio sobre los motivos que lo llevaron a abandonar, por lo que las preguntas de la semana van dirigidas a él.

-¿No sabía antes de presentarse a las elecciones generales que su condición de registrador de la propiedad en Huelva era incompatible con la de diputado?- ¿Por qué no informó cuando renunció al sueldo de alcalde que seguiría cobrando como registrador de la propiedad?

- ¿Tenía expectativas de ocupar un alto cargo en la Administración por el que sí habría dejado su puesto de registrador?

-¿Ha defraudado la confianza de Elías Bendodo y de Juanma Moreno, que apostaron por usted ante Mariano Rajoy, que quería mantener a Celia Villalobos como número uno por Málaga?-¿Considera que ha sido maltratado por compañeros de su partido, que lo enviaron a la última fila del hemiciclo y no le dieron responsabilidades? ¿Ha vivido en carne propia la desconfianza de los partidos políticos hacia las personas que vienen de la actividad privada?

-¿Se equivocó al aceptar encabezar una lista con Celia Villalobos como número 2?