Zoido dice que nada apuntaba que el imán de Ripoll fuera radical

"El modus operandi ha cambiado", ha sentenciado el ministro en una entrevista en la Cadena COPE. Zoido ha explicado que ha sido un atentado diferente porque se trataba de una célula formada por gente muy joven, sin "ostentación" de estar radicalizados y que cambiaron sus planes al torcerse sus intenciones iniciales de un gran atentado en un monumento, por la explosión en la casa de Alcanar donde preparaban bombas.

El ministro ha defendido en todo momento el trabajo policial y las decisiones judiciales que permitieron al imán de Ripoll permanecer en España y ha recordado que se han producido sucesivas operaciones que han permitido detener a cientos de personas y evitado atentados.

Pero también ha apostado por mejorar los protocolos y adaptarse a esas nuevas formas de actuación del yihadismo en España. También se ha mostrado partidario de revisar el control sobre sustancias que permiten fabricar explosivos, como supuestamente pudo hacer esta célula terrorista.

"Esos controles existen. Ha podido faltar a lo mejor algún control y hay que ver cómo evitar que vuelva a suceder. Es lamentable que se haya unido varios factores que han dado lugar a esta circunstancia", ha dicho el ministro.

Zoido ha insistido por último en el mensaje que mantiene el Gobierno desde que se produjeron los atentados, que la coordinación con la Generalitat y entre policías ha funcionado y que todos los cuerpos de seguridad han actuado con la máxima profesionalidad y eficacia.

Por otro lado, el ministro ha reiterado que los Mossos d'Esquadra ya tienen acceso a Europol a través de la unidad nacional que hace de enlace, que dirige la Policía Nacional y en la que participan, junto a los Mossos, la Guardia Civil y la Ertzaintza.

"Ya tienen acceso a Europol, pero quieren tenerlo de otra manera", ha explicado Zoido. "Sólo puede haber una unidad nacional por país", ha zanjado, apelando a la normativa de funcionamiento de Europol.

Sí ha admitido que se puede mejorar la agilidad con la que los cuerpos policiales tienen acceso a esa información de la oficina nacional y que eso es lo que se estudia en el marco de la junta de seguridad entre el Gobierno y la Generalitat, que se reunió en julio.