La última huida de Puigdemont

Llarena rechazó una de estas peticiones después de que el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein, estado alemán donde fue detenido Puigdemont tras regresar por carretera desde Finladia, desestimara en julio de 2018 el delito de rebelión y solo admitiese el de malversación de caudales públicos. Pero ahora, tras la sentencia del 'procés, el magistrado ha vuelto a la carga con una tercera euroorden, aunque esta vez por sedición y malversación. Se trata de los mismos tipos penales que ha apreciado la Sala del Supremo para condenar a nueve de los 12 juzgados por el 'procés' a penas de entre nueve y 13 años de prisión.

Puigdemont, que está procesado en rebeldía en esta causa, comparecerá el próximo martes 29 de octubre ante el Tribunal de Primera Instancia de Bruselas para responder a la solicitud de Llarena. Será la vista inicial de un procedimiento que se activó el jueves pasado, después de que la Fiscalía de este país recibiese «las traducciones requeridas» de la euroorden. El expresidente catalán se presentó de forma voluntaria en comisaría y estuvo detenido durante casi 24 horas antes de ser trasladado a dependencias judiciales. Tras la comparecencia fue puesto en libertad sin fianza, aunque deberá estar localizable y no podrá abandonar el país.

Allí rechazó la extradición y argumentó que tenía inmunidad porque fue elegido eurodiputado en los últimos comicios de mayo. La declaración que prestaba ante la instancia flamenca se interrumpió por la tarde para verificar el aforamiento con Madrid. Y la respuesta de la oficina de Llarena fue que «no ha acatado la Constitución española ni ha tomado posesión del escaño». Por lo tanto, no existía tal privilegio, así que el proceso sigue su curso con la vista puesta en el 29 de octubre, cuando las partes -defensa de Puigdemont, Fiscalía y representante de la Abogacía del Estado español -expongan sus argumentos ante el tribunal belga.

No es la primera vez que Puigdemont comparece ante la justicia belga. Ya lo hizo en el primer procedimiento iniciado por la juez Lamela poco después de eludir la acción de la justicia española. Una euroorden que al final retiró Llarena tras asumir la instrucción del 'procés' en diciembre de 2017. Como novedad, en aquella ocasión el tribunal de Bruselas tardó dos meses en señalar la vista y ahora ha sido en apenas dos semanas, diez días antes de las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

Tras la vista del próximo martes, el tribunal de primera instancia de Bruselas tendrá un plazo de 15 días para determinar si la euroorden es ejecutable o no. En caso de que su decisión fuera recurrida, las partes podrían acudir aún a dos instancias más: el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Casación, sucesivamente. En ambos casos, la sala tiene 24 horas para decidir si admite el recurso y otros 15 días para resolver.

La directiva de aplicación de la OEDE prevé un plazo máximo de 60 días para que el Estado miembro requerido tome una decisión sobre si ejecuta o no la extradición solicitada por otro Estado miembro. Este plazo podría ser prorrogado otros 30 días en casos excepcionales. Las autoridades de ambas partes tendrían después diez días para acordar y llevar a cabo la entrega.

Fuentes del Supremo han señalado que el juez Llarena volverá a rechazar esta euroorden si la justicia belga no admite el delito de sedición. La razón es que no se puede juzgar a Puigdemont solo por malversación de caudales públicos cuando sus colegas del Govern catalán han sido condenados por su responsabilidad en el «alzamiento público y tumultuario, por la fuerza o fuera de las vías legales, para saltarse las normas e incumplir en este caso las resoluciones judiciales».

Desde la defensa de Puigdemont, por su parte, confían en que el tribunal belga entre en el fondo de la sedición. Así lo hizo, con cierta extralimitación, el órgano alemán con la rebelión y descarte este nuevo delito por la ausencia de violencia.