La triple ofensiva de Griñán para llegar al indulto y esquivar la cárcel

El letrado en las últimas horas se ha mostrado convencido de que todas estas vías tienen posibilidades éxito, pero lo cierto, según coinciden todos los expertos consultados, es que solo el perdón desde Moncloa parece viable... Y siempre que el proceso judicial acabara antes de 15 meses o que no cambiara el Gobierno tras las próximas Elecciones Generales.

La defensa del expresidente de la Junta parece tener prisa en quemar etapas para llegar cuanto antes a la fase de la gracia gubernamental a fin de garantizar que su cliente no entra en la cárcel, pero lo cierto es que Calero no podrá mover ficha a este el próximo septiembre. Aunque el alto tribunal adelantó el pasado martes el sentido del fallo, el Supremo no hará pública la sentencia completa hasta después de las vacaciones judiciales de agosto. Y no será hasta entonces cuando el letrado pueda sacar su artillería jurídica. Hasta ese momento, el letrado de Griñán no podrá tampoco adelantar mucho trabajo, ya que en su estrategia serán básicos, como él mismo ha reconocido, los dos votos particulares ya anunciados por las magistradas progresistas Ana Ferrer García y Susana Polo, que van a defender que el expresidente tenía que haber sido absuelto del delito de malversación, lo que le habría librado de la cárcel.

La defensa del exjefe de Gobierno autonómico tiene de plazo 20 días tras la notificación oficial de la sentencia para activar esta vía, que solo en contadísimas circunstancias acaba bien para el reo. Solo cabe la presentación de un incidente de nulidad cuando se haya dado la vulneración de un derecho fundamental o cuando el procedimiento haya incurrido en una serie de defectos formales que causen indefensión.

El artículo 241 de la Ley Orgánica del Poder Judicial deja claro que esta herramienta es «excepcional» y que solo se puede utilizar cuando no se haya podido denunciar la vulneración en un momento anterior o cuando la resolución no sea susceptible de recurso.

Este incidente se debe presentar ante «el mismo juzgado o tribunal que dictó la resolución que hubiere adquirido firmeza» por lo que en la inmensa mayoría de las ocasiones ese órgano judicial se niega a rectificarse a sí mismo o admitir que ha violado derechos fundamentales. El incidente, por tanto, se convierte en un paso casi burocrático para poder pasar al siguiente escalón.

Al Constitucional solo se puede recurrir cuando se hayan agotado las vías judiciales ordinarias, incluido el incidente de nulidad. El abogado de Griñán, que tiene 30 días para activar esta herramienta una vez haya agotado la vía judicial, ya ha avanzado que presentará un recurso de amparo alegando una lesión de los derechos fundamentales para evitar su ingreso en prisión. La ejecución de la entrada en prisión corresponde al tribunal sentenciador en primera instancia (Audiencia de Sevilla). Tanto la Fiscalía como el PP, que ejerce de la acusación popular en este proceso, pueden reclamar al tribunal la entrada en la cárcel.

Para impedir que pise la cárcel, la defensa del expresidente andaluz pedirá al Constitucional la suspensión cautelar de la ejecución de sentencia basándose en los artículos 56 y 57 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, que son los que abren la puerta a que se posponga la entrada en la cárcel hasta resolver el fondo del recurso, siempre que esta medida «no ocasione perturbación grave a un interés constitucionalmente protegido, ni a los derechos fundamentales o libertades de otra persona».

El gran problema para los intereses del José Antonio Griñán es que la jurisprudencia de la corte de garantías apunta a que, por lo general, no se acede a suspender la entrada en prisión cuando la pena supera los cinco años de cárcel, «que es la que le sirve al legislador penal para diferenciar entre las penas graves y las menos graves», según las propias resoluciones del Constitucional. No obstante, explican desde la propia corte, para valorar la posible postergación del ingreso en la cárcel hay otros factores además de la envergadura de la pena, tales como la gravedad y naturaleza de los hechos condenados, su transcendencia social, el tiempo de condena por cumplir o el riesgo de fuga.

Si la vía del Constitucional fallará a la defensa de Griñán solo le quedaría recurrir a la política y pedir el indulto. La concesión del perdón, aunque requiere de informes previos de la Fiscalía y el tribunal sentenciador, es potestad única del Gobierno.

Si esta petición de gracia, que puede ser total o parcial, recayera sobre el actual Ejecutivo porque los trámites ante el Constitucional fueran rápidos, el Gobierno de Pedro Sánchez debería enfrentarse a su propia doctrina. Y es que el PSOE en febrero de 2017 presentó para su consideración una reforma de la Ley de Reglas para el ejercicio de la Gracia de Indulto. Es esa propuesta se pedía expresamente prohibir por ley los indultos en los delitos de corrupción y de violencia de género.

«No procederá la concesión de indulto, total o parcial, cuando se trate de delitos cometidos por una autoridad en el ejercicio de su función o cargo público, o prevaliéndose del mismo, con la finalidad de obtener un beneficio económico para sí o para un tercero«, decía literalmente el texto socialista que no llegó a convertirse en ley y que implícitamente consideraba corrupción haber facilitado el enriquecimiento de un tercero. Este podría ser el caso de Griñán, pero en el PSOE y Moncloa ya deslizan que no consideran la condena de los ERE un supuesto de corrupción por lo que dejan cada vez más abierta la puerta a conceder un perdón que, in extremis, podría librar al expresidente autonómico de acabar entre rejas.