Un tribunal avala seguir investigando a Podemos por los pagos electorales

Tres magistrados de la Sección 30 han ratificado la decisión del juez Juan José Escalonilla de seguir instruyendo la causa contra Podemos por presuntos delito electoral y de financiación ilegal, si bien al mismo tiempo han urgido al instructor a tipificar los hechos imputados para que la causa no se prolongue «innecesariamente» la investigación «sobre el partido político Podemos en su posición de investigado, en aras de su derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión».

El juez Escalonilla, titular del juzgado de instrucción número 42 de Madrid, ha ido acotando los delitos denunciados por el exabogado de Podemos José Manuel Calvente y ya solo solo se centra en el contrato firmado con la consultora política Neurona para las elecciones generales del 28 de abril de 2019. Sospecha que pudo ser simulado para desviar dinero de las cuentas 'moradas'. Se trata de una partida de 363.000 euros que en su día también fue denunciada por la Fiscalía del Tribunal de Cuentas.

El responsable de Comunicación de Podemos, Juanma del Olmo; el de finanzas, Daniel de Frutos; la gerente del partido, Rocío Val, y la responsable de compras, Andrea Deodato, insisten, y así lo declararon ante el juez, en que el contrato con Neurona fue legal y que los servicios se realizaron con normalidad, y han advertido de que los pagos a terceros que realizó esta empresa no fueron de su competencia.

Hace una semana el juez decretó el archivo de dos de las líneas de investigación contra el partido: la presunta apropiación indebida en torno a las obras de rehabilitación de la sede en Madrid y la caja de resistencia creada para pagos comunes. En el primer caso, con el criterio favorable de la Fiscalía Provincial, el instructor concluyó que «no hubo distracción del dinero destinado a la ejecución de las obras».

Entonces, el portavoz parlamentario Pablo Echenique alardeó en Twitter que la acusación de financiación irregular se diluye «como un azucarillo». Este jueves, sin embargo, dio la callada por respuesta.

Podemos, ya en su día, había solicitado la nulidad de las actuaciones o, de forma subsidiaria, dejar sin efecto la práctica de las diligencias, incluidas las declaraciones como investigados, «a la espera de recabar indicios». Entendía que se había generado «indefensión» porque las pruebas habían sido proporcionadas por Calvente de forma ilícita, además de incidir en que Calvente habría violado su «deber de sigilo y confidencialidad» como abogado de Podemos. Si bien la Audiencia de Madrid hizo oídos sordos a la petición de la formación morada, sí que apuntó que la actitud de Calvente «podría dar lugar a responsabilidades disciplinarias o penales» al no guardar el secreto profesional.