El PP cede Interior a Vox por primera vez y cambia violencia machista por intrafamiliar

Un acuerdo, que cuenta con el plácet de la dirección nacional del PP pese a que, en la práctica, asume parte del argumentario de la derecha radical, sobre todo en lo relativo a cuestiones como el pin parental o la violencia intrafamiliar en lugar de machista; y que anticipa una política dura contra la okupación y la inmigración ilegal. «En las elecciones se eligen representantes para finalmente elegir un Gobierno que garantice la estabilidad política e institucional. Y eso es lo que ha hecho Mazón y lo respetamos», afirmó el vicesecretario de Organización del PP, Miguel Tellado, en RNE.

Tras alcanzar el martes un principio de acuerdo para gobernar la Generalitat Valenciana y desalojar así al Consell del Botànic, la maquinaria se puso en marcha y los dos equipos negociadores empezaron a trabajar en el programa de Gobierno que Mazón presentará para su investidura, que podría ser como pronto el 17 de julio, coincidiendo con el inicio de la segunda semana de la campaña electoral para las generales. El PP ha hecho valer finalmente su peso proporcional en el futuro Ejecutivo -40 escaños frente a los 13 de Vox- y contará con siete carteras, incluyendo la de Presidencia, y las de más peso económico y más sensibles en materia de gestión. Especialmente Educación y Sanidad, arrogándose también las competencias vinculadas a la gestión de los funcionarios o la exigencia del requisito lingüístico que desgaja del departamento de Justicia que queda en manos de la extrema derecha; al igual que hace con la administración del agua, que saca de Agricultura.

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Los populares, sin embargo, se han tenido que tragar más de un sapo por el camino. En el documento las dos formaciones afirman que defenderán los derechos de las familias y promoverán «políticas que persigan erradicar la violencia intrafamiliar, en especial las que sufren niños y mujeres, garantizando la igualdad entre todas las víctimas». Un detalle importante si se tiene en cuenta que a Vox se le han atribuido las competencias de Justicia e Interior, desde las que, presumiblemente, tendrán que gestionar los juzgados de violencia contra la mujer que el PP se había comprometido a recuperar como reconoció este jueves mismo Mazón. Y también porque los populares renuncian a definir este ámbito como violencia machista en un acuerdo negociado con Carlos Flores, apartado del Gobierno valenciano por su condena por malos tratos psicológicos a su mujer pero que irá ahora en las listas al Congreso.

En materia de educación, el texto acuerda que los padres podrán autorizar o no «el contenido de las actividades extracurriculares», lo que se conoce como pin parental. Se trata de una de las propuestas estrella de Vox para frenar talleres o charlas relacionadas con el feminismo, la identidad de género o la diversidad sexual que ya puso sobre la mesa de negociación en Murcia en 2021 para dar su apoyo a Fernando López Miras y que los tribunales echaron por tierra. Ante la presión de los de Abascal, el Gobierno murciano acabó instaurando un pin más suave, que también se aplica en Madrid, por el que los padres solo tienen que ser informados de las actividades a través de una circular.

El documento de medidas firmado por el PP y Vox implica un giro respecto a las anteriores políticas del Gobierno de Ximo Puig. El nuevo bipartito derogará normas vinculadas a la memoria histórica y se centrará en las familias mediante una «ley integral de protección» con medidas para «el fomento de la natalidad» y con ayudas al nacimiento. En lo que se refiere a la seguridad, impulsará una ley antiokupas y perseguirá con mayor ahínco la inmigración ilegal, que quedará bajo el ala voxista de Interior.

Los dos firmantes acuerdan además la supresión del impuesto de Sucesiones y Donaciones y el de Patrimonio, además de una rebaja del IRPF en línea con Madrid y Andalucía, así como el aumento del presupuesto destinado a la Sanidad o la eliminación de «las subvenciones a las entidades o asociaciones que promuevan los 'països catalans' o la tasa turística. Este canon suscitaba el rechazo del sector y estaba previsto que se hiciese efectivo a partir de diciembre.

Hay también un capítulo dedicado a la «reducción del gasto político», donde se apunta a la «correcta y eficiente gestión del dinero público», así como el compromiso de PP y Vox de pelear por la aprobación de un plan nacional del agua comprometido por Feijóo si llega a la Moncloa. La buena marcha de las negociaciones en Valencia para conformar «un Gobierno fuerte y estable» se trasladan al ámbito municipal donde los dos partidos gobernarán de la mano en varias decenas de municipios y grandes capitales de provincia como Burgos, Toledo, Guadalajara o Valladolid.