Una sentencia del Constitucional abre la vía para prosperar la demanda del PP

Desde la formación conservadora consideran que lo ocurrido en el Congreso es un «fraude legal y democrático», según ha denunciado hoy su portavoz nacional José Luis Martínez-Almeida, por una doble razón. En primer lugar, justifican que hubo un error informático, y no humano, en la votación telemática del diputado por Cáceres. En segundo término, se quejan de que la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, debió realizar las averiguaciones antes de la votación para acreditar si se produjo este fallo y que la voluntad libre del diputado se correspondía con el sentido del mismo.

En este sentido, el PP pone el foco en la violación de la propia normativa del Congreso (resolución de 21 de mayo de 2012, apartados cuarto y sexto). Afirman que el grupo parlamentario, al advertir del error de Casero, solicitó una reunión urgente de la Mesa antes de iniciarse la primera votación del real decreto, a lo que la presidenta Batet se negó «procediendo unilateralmente a dar inicio a la votación».

Con esta reunión formal de la Mesa, el PP pretendía «anular el voto telemático realizado por Casero y recibir la consiguiente autorización para votar presencialmente (el propio diputado se presentó en el Congreso) la derogación o convalidación» de la medida. En su favor, señalan que Batet intervino al finalizar el Pleno y explicó que la Mesa estaba informada de esta situación cuando, en realidad, no se había reunido.

El partido de Pablo Casado se agarra con fuerza a esta previsión y defiende que la Mesa, que está controlada por una mayoría de PSOE y Unidas Podemos, y que de haberse reunido habría desestimado la solicitud, debería haber atendido al menos la petición de Casero y pronunciarse al respecto antes de que se celebrara la votación.

Ante estos argumentos, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no tiene demasiado recorrido, aunque una sentencia de 2006 podría arrojar algo de luz para que la demanda del PP prospere.

En el caso del amparo solicitado por una diputada del PSE en el Parlamento Vasco, Irene Novales, sobre un error en la votación de la Ley de Presupuestos, la Sala le dio la razón contra la decisión adoptada por el presidente de la Cámara autonómica, Juan María Atutxa, de no repetir la votación a pesar de que la parlamentaria no pudo hacerlo por un fallo de la aplicación electrónica.

La corte de garantías determinó entonces en la sentencia 361/2006 que la Presidencia tenía la obligación de demostrar que la diputada tuvo una conducta negligente, cosa que no quedaba demostrada, y avisó de que los órganos parlamentarios deben realizar «una interpretación restrictiva de todas aquellas normas que puedan suponer una limitación al ejercicio de aquellos derechos o atribuciones que integran el estatus constitucionalmente relevante del representante público».

También insistía en «el deber de motivar las razones de su aplicación, so pena, no sólo de vulnerar el derecho fundamental del representante de los ciudadanos a ejercer su cargo, sino también de infringir el de éstos a participar en los asuntos públicos».

Esta «interpretación restrictiva» mencionada por el tribunal de garantías podría servir al PP para impugnar la votación, ya que la Mesa del Congreso se debió reunir formalmente para tratar la queja de Casero sobre su «error informático». Pero no lo hizo y, por lo tanto, se quebrantó el ejercicio del derecho al voto, según sostienen los populares.

En la citada sentencia del Constitucional, con ponencia del entonces presidente Pascual Sala, designado por el PSOE, se carga especialmente contra Atutxa al afirmar que no era lógico entender que, ante un problema técnico, y sin quedar «fehacientemente demostrado» que se tratara de una negligencia de la diputada Novales, «la única reacción presidencial fuera la negativa a la comprobación de la anomalía en ese momento y a la repetición, en su caso, de la votación controvertida, con las graves consecuencias que ello implicaba para el resultado de la misma y para el conocimiento de la auténtica voluntad de la Cámara» en tema tan relevante como eran los presupuestos.

Ahora, la trascendencia de la votación parece ser un punto en común en ambos casos, tanto el de 2006 como el ocurrido este jueves en el Congreso con la reforma laboral. No obstante, pese a que la corte de garantías anuló la votación hace 15 años esta circunstancia no provocó que se tuviera que volver a votar, pues en el momento del fallo los presupuestos vascos ya habían sido ejecutados.