El secesionismo aúpa y derriba a Sánchez en solo ocho meses

Pedro Sánchez y Quim Torra, durante una reunión en la Moncloa, en julio de 2018./Reuters
Pedro Sánchez y Quim Torra, durante una reunión en la Moncloa, en julio de 2018. / Reuters

Los independentistas instan al presidente del Gobierno a que aguante unos meses con las cuentas prorrogadas

CRISTIAN REINObarcelona

Se necesitaban y formaron un matrimonio de conveniencia. Pero la pareja (más bien un trío porque también participaba Podemos) no ha durado ni un año. En junio de 2018, meses después de declarar la independencia, con todos sus líderes en la cárcel o fugados en el extranjero y con un ejecutivo neonato, los secesionistas vieron la oportunidad de descabalgar a Mariano Rajoy de la presidencia y de estrenar una etapa de relaciones con un nuevo Gobierno en Madrid.

Aunque los sectores más radicales, como el que representa Carles Puigdemont, se opusieron, Esquerra y el PDeCAT decidieron volver a tener peso en el Congreso y se aliaron con los socialistas y Podemos para impulsar una moción de censura contra el entonces líder del PP. La aritmética dio sus frutos, Pedro Sánchez fue investido y se inició un deshielo entre la Moncloa y el Palau de la Generalitat, pero, cuando han tratado de profundizar en el diálogo, se han topado contra un muro que se llama referéndum. Los independentistas se niegan a renunciar al derecho de autodeterminación mientras el Gobierno insiste en que «nunca» podrá, ni querrá autorizar una consulta sobre la secesión.

Así, a los ochos meses de vida y tras dos reuniones entre Sánchez y Torra y más de una treintena de encuentros entre ministros y consejeros y dos citas de la mesa de partidos catalanes, el matrimonio se ha roto y, como en todas las parejas, unos y otros se echan las culpas. «El PSOE ha cogido miedo, se ha atemorizado, rompió las negociaciones y esto fue un mal presagio. No se pueden encarar los retos que tenemos como sociedad con una izquierda tan atemorizada y plegada a los miedos y amenazas de la derecha. Es una oportunidad perdida». Esta fue la idea que trasladaron los independentistas. Los socialistas transmitieron el argumento contrario y descargaron la responsabilidad a la pinza entre los grupos de derechas y los secesionistas. A estos, los socialistas recriminaron su «intransigencia», con «demandas inadmisibles», que han hecho saltar por los aires el acuerdo.

Los independentistas reclamaban una mesa de partidos estatales donde se debatiera una salida al pleito catalán. En ese foro, los soberanistas defendían poder plantear el derecho de autodeterminación. Además, exigían que un relator diera fe de lo que se trataba en las reuniones. Y pedían el fin de la represión, que es tanto como instar a la Fiscalía a que rebaje las penas. Todo saltó por los aires entre el miércoles y el jueves de la semana pasada. La parte catalana considera que el Gobierno se echó para atrás ante la presión de los barones del PSOE y las fuerzas de la derecha, con manifestación en la plaza de Colón de Madrid, incluida. Ni siquiera intentos de última hora, a través de las gestiones de Pablo Iglesias con Carles Puigdemont, sirvieron para evitar la ruptura.

Cuanto peor, mejor

Ocho meses después, Puigdemont y los sectores más radicales se han cobrado la venganza y si salieron derrotados con la moción contra Rajoy, ahora salen victoriosos con el veto a los Presupuestos. Se ha impuesto la estrategia del expresident de «cuanto peor, mejor», que pasa por que, tras unas elecciones, un triunfo de la derecha encone la cuestión catalana lo que provoque como respuesta el 'momentum' del que habla Quim Torra para activar la vía unilateral.

Los independentistas, en cualquier caso, lanzaron este miércoles una última llamada a Pedro Sánchez para que no convoque elecciones y aguante unos meses, prorrogando los Presupuestos anteriores, como ya lo había apuntado el propio presidente del Gobierno meses atrás. Los sectores menos radicales del secesionismo son conscientes de que el escenario de nuevas elecciones complica una posible búsqueda de una solución dialogada a la cuestión catalana. Y además puede complicar la gestión de la sentencia del juicio del Supremo y la situación de los acusados si son condenados.

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